El director del centro de Estudios de energía, políticas y Sociedad, profesor de la UBA, Ing. Victor Bronstein, se refirió a al tratamiento de la ley de promoción de hidrocarburos y afirmó que esta es una ley orientada a las inversiones de empresas argentinas.
En ese sentido, el especialista afirmó que “en general es una ley que hacía falta”, aunque en lo particular hay lugar a ciertas discusiones, enmarcó la situación “en un mundo que va hacia una transición energética que se aceleró”, lo que según afirmó constituye una oportunidad para la Argentina, teniendo en cuenta los recursos comprobados de Vaca Muerta y lo que aún resta desarrollar Off-Shore.
“hay que tratar de ir extrayendo los recursos lo más rápido posible, esta ley tiene ese sentido” dijo y aseguró que se trata de “una ventana de alrededor de 30 años”.
Sin embargo, señaló “uno después puede analizar si se favorece a alguno un poco más acá, a cierta empresa, cierta provincia, cierta cuenca… y hay aspectos perfectibles, pero para nada uno puede oponerse a una ley de este tipo”, al tiempo que señaló que el documento emitido por la asociación de ex secretarios de energía está cargado de ideología y carente de fundamentos técnicos.
Contrariamente, argumentó que la ley puede servir para la puesta en marcha de una producción equivalente a entre 6 mil y 8 mil millones de dólares por año, sumando las posibilidades del gas para exportación.
Bronstein señaló que el impacto de esta ley se daría fundamentalmente en las empresas nacionales, descartando en principio la expectativa de grandes inversiones internacionales sin despreciar el volumen que constituyen las empresas locales.
En ese sentido, sostuvo que el contexto mundial, sobre todo la crisis energética en Europa, puede dar la oportunidad de que Argentina se desarrolle como exportador de gas al viejo continente.
Bronstein descartó que esta sea una ley directamente redactada en favor de YPF, pero no negó que la empresa se beneficiará del contenido de la norma, lo cual consideró positivo, teniendo en cuenta que el 51% de la empresa pertenece al Estado.
Por otra parte, el ingeniero afirmó que una de las cuestiones a resolver es la cuestión de las competencias concurrentes con las provincias, sobre lo que señaló que la Nación debe tener atribuciones prioritarias sobre el recurso señalando que se trata de un tema de seguridad nacional. “No puede quedar al arbitrio de algunas provincias, porque no todas tienen recursos petroleros, me parece razonable que la Nación tenga que tener en cuenta ciertas cuestiones”, señaló.
