Comunidad Mapuche desocupa terreno en disputa cerca de Bariloche, pero bloquea acceso para impedir restitución al propietario

Tras una orden judicial de desalojo, integrantes del lof Buenuleo abandonaron el predio que ocupaban desde 2019, pero cortaron un camino vecinal para evitar que el dueño recupere la posesión. La Justicia y fuerzas de seguridad evalúan acciones para garantizar el cumplimiento de la sentencia.

En un giro inesperado en el conflicto por la tenencia de un terreno ubicado a pocos kilómetros del centro de Bariloche, miembros de la comunidad mapuche Buenuleo desalojaron voluntariamente el predio que ocupaban desde septiembre de 2019. Sin embargo, bloquearon un camino vecinal, único acceso al lugar, para impedir que el propietario, Emilio Friedrich, recupere la posesión de las 92 hectáreas en litigio.

La medida fue adoptada horas antes de que venciera el plazo establecido por la Justicia de Río Negro para que los ocupantes abandonaran el terreno, ubicado al pie del cerro Ventana. La orden judicial, emitida tras un proceso en el que se comprobó que la ocupación se realizó “con violencia y clandestinidad”, también dispuso la restitución del campo a Friedrich, cuya titularidad quedó documentada durante el juicio.

A pesar de la retirada de los ocupantes, la restitución no pudo concretarse. Los integrantes del lof Buenuleo se apostaron en un antiguo camino vecinal, bloqueando el acceso al predio. “La restitución de las tierras a su propietario quedó trunca”, afirmó Alejandro Pschunder, abogado defensor de Friedrich, quien adelantó que presentará nuevas denuncias contra la comunidad mapuche por “turbación de la posesión” y “falsedad ideológica”.

Pschunder también desmintió versiones oficiales que sugerían que el conflicto había sido resuelto y aseguró que los ocupantes “no tienen ningún derecho” sobre el camino bloqueado. “Están cometiendo otro delito y no se dan cuenta de que van a terminar presos”, señaló el letrado en diálogo con Radio Seis de Bariloche.

Antecedentes del conflicto

El lof Buenuleo se instaló en el terreno en 2019, alegando derechos ancestrales sobre el territorio. Sin embargo, en 2024, el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj, anuló dos resoluciones emitidas durante la gestión anterior que amparaban la ocupación y reconocían la preexistencia de la comunidad en el lugar.

“La gestión kirchnerista actuó arbitrariamente contra la propiedad privada, sin participación de la provincia de Río Negro ni del titular de la tierra. Por eso revocamos esta resolución, porque no correspondía”, explicó Avruj en su momento.

Respuesta de la comunidad mapuche

Horas antes de la llegada de las fuerzas de seguridad, la comunidad mapuche difundió un comunicado en el que expresó su preocupación por el inminente desalojo y aseguró que no permitirán el ingreso de las autoridades al terreno. “Una vez más estamos ante un escenario sociopolítico donde el Estado hace caso omiso de la legislación indígena”, señalaron los integrantes del lof Buenuleo, respaldados por unas 80 instituciones de la región.

Operativo de seguridad y próximos pasos

La Policía de Río Negro, en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, se presentó en el lugar para ejecutar el desalojo, pero no pudo ingresar al predio debido al bloqueo del camino. Fuentes cercanas al caso informaron que la ministra Patricia Bullrich comprometió el apoyo de fuerzas federales en caso de ser necesario para garantizar el cumplimiento de la orden judicial.

El abogado Pschunder insistió en que los caminos bloqueados figuran en los planos del terreno y forman parte del área usurpada. “Cuando uno está con delincuentes, pasan estas cosas, pero no nos vamos a rebajar para que se victimicen”, afirmó.

El conflicto podría escalar en las próximas horas, ya que la Justicia evalúa la posibilidad de ejecutar un desalojo forzoso con el apoyo de fuerzas federales. Mientras tanto, la tensión en la zona sigue en aumento, con ambos bandos firmes en sus posiciones y sin señales de una resolución pacífica en el corto plazo.

Conclusión: Este caso reaviva el debate sobre los derechos territoriales indígenas y la propiedad privada en Argentina, en un contexto donde las tensiones sociales y políticas continúan sin resolverse.

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