Ayer por la tarde juraron en la legislatura los integrantes del nuevo cuerpo, creado en 2011 mediante la Ley Provincial Nº 857 y que estará encargado de monitorear el cumplimiento de los derechos humanos en cárceles y otros establecimientos de la Provincia que alberguen
en el día de ayer, juraron en la legislatura los integrantes del comité provincial contra la tortura, organismo multisectorial independiente destinado a monitorear el cumplimiento de los derechos humanos en establecimientos penitenciarios, hogares de niños, niñas y adolescentes y hogares de ancianos entre otros. El flamante Comité estará integrado por el el Juez del Superior Tribunal de Justicia Dr. Carlos Sagastume (por el Poder Judicial); los legisladores Pablo Villegas y Federico Jorge Greve (por el Poder Legislativo); el Subsecretario de Asesoramiento Legal, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Dr. Gonzalo Carrillo Herrera (por el Poder Ejecutivo); José Luis Piñeiro, Analía Caston Jauregui y María Florencia Villarreal en representación de las organizaciones de la sociedad civil.
Al respecto, José Piñeiro, periodista e integrante del comité en representación de la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande, comentó por FM que la constitución formal de este comité se dio para “dar cumplimiento de una ley provincial que se había votado y promulgado en su momento y que de hecho se estaba incumpliendo, que tiene que ver con la puesta en marcha de este comité de prevención contra la tortura”, señaló y explicó que se da a instancia de un comité nacional para la prevención de la tortura. “Deberían funcionar en todas las provincias del país y Tierra del Fuego era una de las que no lo estaba haciendo y por eso hoy –ayer- quedó conformado formalmente”.
El periodista detalló que este comité “debe ocuparse de controlar y erradicar los posibles casos de torturas, vejaciones abusos en instituciones” y afirmó que “a nosotros nos cabe el rol y eso es lo que pensamos hacer como una organización que está por Fuera del Estado, de controlar al Estado, de evitar estas situaciones, de erradicar estas situaciones y hacer las denuncias que sean necesarias si esto se plantea en algún momento, desde ese lugar integramos el comité, obviamente, con absoluta independencia”.
Asimismo, señaló que se imponen como organización “la responsabilidad de tratar de indagar, de generar la vías necesarias para que la gente pueda recurrir a nosotros como organización, de hecho esto se hace habitualmente, para llevar las posibles situaciones que se puedan dar en las que deba intervenir el comité”, a lo que agregó que el comité tiene la obligación de inspeccionar los establecimientos de detención, detallando que pueden presentarse sin previo aviso en cualquier establecimientos de la provincia que aloje a personas. Asimismo, sumó el factor de monitorear la formación de los agentes de las fuerzas de seguridad. Piñeiro destacó que se haya podido dar esta integración con presencia de los distintos poderes del Estado y con representantes de las organizaciones civiles, aunque sostuvo que es necesario que “también haya una mirada, y nosotros desde la Multisectorial vamos a bregar porque sea así, crítica del funcionamiento de las instituciones”, dijo ya agregó, ”porque tiene que haber medios necesarios como para corregir y llegar a situaciones, no sé si de excelencia, pero de mejorar mucho, porque estamos lejos de tener la problemática que tiene la Provincia de Buenos Aires por ejemplo”.
