El Gobierno apuesta a estimular la liquidación de divisas con la baja temporal de retenciones, pero el sector agropecuario muestra cautela y evalúa opciones frente a un panorama incierto.
El lunes marcó el inicio de la implementación de la baja en las retenciones anunciada la semana pasada por el Gobierno nacional, con el objetivo de dinamizar la exportación de soja y otros cultivos. Sin embargo, la expectativa está puesta en si los productores agropecuarios aprovecharán esta medida o preferirán especular con posibles mejoras en los valores internacionales o una eventual devaluación del peso.
El decreto 38/2025, publicado este lunes, oficializa una reducción del 20% promedio en las retenciones de los principales cultivos hasta el 30 de junio. En el caso de la soja, la alícuota para el poroto baja de 33% a 26%, mientras que para sus derivados, como aceite y harina, desciende del 31% al 24,5%. Por su parte, el trigo, la cebada, el sorgo y el maíz pasan del 12% al 9,5%, y el girasol del 7% al 5,5%. Además, se eliminan de manera permanente las retenciones para las economías regionales que aún las mantenían.
El propósito de esta medida, considerada una suerte de “dólar soja alternativo”, es mejorar el tipo de cambio de exportación sin recurrir a intervenciones directas sobre el mercado cambiario. En su lugar, el Gobierno opta por una reducción de la presión fiscal, alineada con su ideología liberal.
Un anuncio recibido con reservas
Aunque inicialmente celebrada por el sector agropecuario, la medida también generó interrogantes. Las entidades que integran la Mesa de Enlace (Sociedad Rural, CRA, CONINAGRO y Federación Agraria) y las empresas cerealeras coincidieron en destacar el impacto positivo de la baja, pero subrayaron la necesidad de analizar en detalle la implementación.
Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, señaló que “es un hecho positivo e importante”, pero expresó su cautela: “Tenemos que estudiar la letra chica del decreto y esperar su reglamentación para entender cómo se aplicará y cuáles son las condiciones asociadas”. Esta incertidumbre también fue compartida por productores, quienes criticaron la temporalidad de la medida.
Estrategias frente a la medida
El decreto establece que quienes liquiden sus exportaciones de soja antes del 30 de junio pagarán retenciones reducidas al 26%. Sin embargo, también deja abierta la posibilidad de operar bajo el régimen convencional, con una alícuota del 33% y un plazo de liquidación de hasta un año. Esto plantea un dilema: aprovechar el beneficio fiscal ahora o especular con una futura devaluación que mejore el tipo de cambio.
Además, la baja de precios internacionales y el atraso cambiario complican el escenario. Actualmente, el dólar blend cotiza apenas por encima del oficial debido a las intervenciones del Banco Central, lo que reduce el incentivo para liquidar. En paralelo, algunos productores podrían optar por evitar ventas al exterior y esperar a que la cosecha gruesa, que comienza en abril, traiga mejores precios.
El impacto en pequeños productores
Si bien la medida podría ser una oportunidad para los pequeños productores, quienes enfrentan mayores dificultades para cubrir costos, también se enfrentan a un contexto adverso marcado por la sequía, el aumento de los insumos y la baja de precios internacionales. Eduardo Buzzi, ex titular de la Federación Agraria, calificó la iniciativa como “una medida con escaso impacto real”, aunque reconoció que podría ser relevante para los productores con menor capacidad de almacenamiento.
Con el nuevo esquema, el precio de exportación podría pasar de 295.000 a 325.000 pesos por tonelada de soja, un alivio significativo para algunos, pero insuficiente para cambiar la dinámica del mercado.
Perspectivas a corto plazo
El futuro inmediato dependerá de la reglamentación del decreto y de cómo reaccione el mercado. Según Javier Preciado Patiño, consultor agropecuario, “no hay indicios de que el precio internacional de la soja suba significativamente en el corto plazo, salvo que ocurra un evento climático grave en Brasil”. Esto podría limitar las opciones de especulación y presionar al sector a liquidar antes de junio.
El Gobierno, por su parte, apuesta a que esta medida sea un incentivo para aumentar la liquidación de divisas y aliviar la situación fiscal, mientras el sector agropecuario evalúa sus pasos con cautela y espera condiciones más favorables para maximizar sus beneficios.
