Una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) incluyó términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para clasificar discapacidades intelectuales. Las organizaciones del colectivo calificaron el hecho como un “insulto” y un retroceso en materia de derechos humanos. Aunque el Gobierno reconoció el error, el ajuste en las pensiones no contributivas sigue en pie.
Alejandro Cytrynbaum, secretario general de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), no podía creer lo que leía. Al revisar el anexo de la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se sintió profundamente ofendido. “Lo primero que pensé fue: no merecemos recibir un cachetazo así”, expresó con indignación. El documento, publicado en el Boletín Oficial de la Nación, incluía términos como “idiota”, “débil mental”, “imbécil” y “retardado” para referirse a personas con discapacidad intelectual. “Son insultos gratuitos y expresiones vetustas, que dejaron de utilizarse hace más de 70 años. Esto demuestra la brutalidad de los funcionarios que nos gobiernan”, agregó Cytrynbaum.
El escándalo estalló el 16 de enero, cuando la ANDIS publicó la resolución que buscaba endurecer los requisitos para acceder a las pensiones no contributivas. En el anexo, se describían los distintos grados de discapacidad intelectual utilizando una terminología obsoleta y peyorativa. Frases como “idiota: no lee ni escribe, no conoce el dinero” o “imbécil: atiende sus necesidades elementales, puede realizar tareas rudimentarias” generaron un repudio generalizado entre las organizaciones de derechos humanos y de personas con discapacidad.
Frente a la presión, el Gobierno reconoció el error y anunció que modificaría el contenido de la resolución. Sin embargo, las organizaciones del colectivo consideraron que las disculpas no fueron suficientes. “El problema de fondo es el ajuste en las pensiones. El Gobierno se agarra de supuestas irregularidades para barrer con un derecho”, afirmó Cytrynbaum.
Un retroceso histórico
Lo más llamativo del caso es que la terminología utilizada en la resolución fue descartada hace décadas por la comunidad médica y científica. En lugar de basarse en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), que actualiza periódicamente la Asociación Americana de Psiquiatría, la ANDIS optó por recurrir a bibliografía obsoleta de principios del siglo XX. Este hecho no pasó desapercibido para las organizaciones, que señalaron la falta de preparación del titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien asumió el cargo sin experiencia previa en la materia.
Como consecuencia del escándalo, la ANDIS intentó responsabilizar a funcionarios de menor rango, como Miriam Améndola y Tatiana Alvarado, por la redacción del documento. Sin embargo, fue el propio Spagnuolo quien firmó la resolución. Este episodio se suma a un contexto de despidos masivos en el organismo, que el año pasado afectó a más de 160 empleados, incluyendo a personas con discapacidad.
Antecedentes preocupantes
El uso de términos discriminatorios no es nuevo en este Gobierno. A mediados de 2023, el presidente Javier Milei y su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, reinstauraron un decreto de la era menemista que endurecía las condiciones para acceder a las pensiones. Además, Milei ha utilizado en varias ocasiones expresiones despectivas para referirse a personas con discapacidad. En una entrevista en octubre pasado, el mandatario se refirió a la izquierda como “minusválidos” y “problema mental”, lo que generó críticas por perpetuar estereotipos y estigmas.
Para Ana Dones, referente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), lo ocurrido es “un retroceso sin precedentes en materia de derechos”. “Los insultos en el Boletín Oficial grafican lo que los funcionarios libertarios están haciendo con nuestro colectivo: nos ajustan y nos persiguen”, afirmó.
El ajuste en las pensiones como trasfondo
El escándalo por la resolución de la ANDIS no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una política de ajuste en las pensiones no contributivas. Según el proyecto de presupuesto 2025, el Gobierno planeaba recortar al menos 200 mil pensiones por discapacidad este año. Además, miles de personas recibieron cartas documento en las que se les exigía revalidar sus exámenes médicos para mantener el beneficio.
Aunque el Gobierno aseguró que modificará la terminología de la resolución, dejó en claro que no cambiará los criterios de evaluación ni el “baremo” para acceder a las pensiones. “El daño está hecho, pero pudimos, desde las organizaciones del colectivo, pelear para que se reconozca a las personas con discapacidad como lo que son: ante todo, personas”, concluyó Cytrynbaum.
Mientras tanto, las organizaciones continúan alertando sobre el impacto que estas medidas tendrán en la vida de miles de personas que dependen de las pensiones para superar barreras y acceder a una vida digna.
