En declaraciones a FM La Isla, la legisladora Myriam Martínez habló de la ruta alternativa para la Margen Sur, la ley de Cannabis Medicinal y el proyecto de creación de Terra Ignis.
Respecto de Cannabis medicinal, La legisladora sostuvo que “en el año 2018 sancionó la ley 1.277 que adhería a la ley nacional 27.350 sobre el uso medicinal del cannabis y sus derivados e incluyeron la ampliación de derechos a usuarios del medicamento. Ello, fue vetado parcialmente por la Gobernadora Rosana Bertone, en la parte que incluía la ampliación de las patologías a tratar respecto de la ley nacional -que solo contemplaba la epilepsia refractaria-, la creación de un registro de profesionales abocados a su indicación y un registro de pacientes y familiares que autocultivan. “Era para generar una protección a una situación que está pasando” dijo.
En ese sentido, comentó que luego de transcurrido el plazo necesario insistió con la iniciativa obteniendo dictamen de comisión, aunque refirió que fue el propio presidente Alberto Fernández quien, mediante el decreto 883/2020, amplió las patologías tratables con aceite de Cannabis. “No estaba equivocada en la mirada”, señaló y comentó que el nuevo reglamento autoriza a expender aceite de Cannabis en farmacias y el autocultivo. A más de ello, el Ministerio de Salud aprobó en marzo la creación del registro de uso y cultivo de cannabis.
“Hemos avanzado muchísimo y este paso que ha dado el presidente de la Nación Alberto Fernández a nosotros nos ayuda muchísimo pero la provincia necesita contar con una legislación” dijo Martínez y agregó que es necesaria la ley para que no se modifique por decreto en el futuro.
La legisladora, señaló que se autoriza a realizar tratamiento del dolor en todas las patologías con Cannabis, también todos los tipos de epilepsias y todos los síndromes, además del estrés postraumático.
“Siguen metiendo a la gente presa por esto”, dijo Martínez y agregó que es necesario avanzar en la regulación, al tiempo que mencionó que el aceite de cannabis puede convertirse en una industria que genere trabajo genuino. “Nosotros podríamos producir en la Provincia para abastecer a las familias fueguinas que lo utilizan” dijo y agregó que solo según la asociación Raíces de Fuego hay más de 1300 pacientes solo en Río Grande.
“Esperamos tener dictamen, ya se ha perdido mucho tiempo”; “este medicamento va a estar en las farmacias”, dijo Martínez y agregó que será cubierto también por las obras sociales y prepagas. A la par, recordó que la OMS está trabajando en desclasificar al Cannabis como droga peligrosa.
En otro orden de ideas, habló sobre el proyecto de creación de Terra Ignis sobre lo que expresó que hay un acuerdo que es “la necesidad de contar con una empresa petrolera de la Provincia”; “Ahora, queremos que la empresa esté como corresponde, con todos los controles necesarios” dijo Martínez, aunque señaló “no lo tenemos en agenda todavía, no nos han pedido que lo tratemos”.
En ese sentido, informó que resta incorporar modificaciones sobre los controles en los estados financieros de la empresa, siempre que se trata de una empresa con participación estatal mayoritaria.
Además, Martínez se refirió al tema de la apertura de la traza vieja de la Ruta Nacional Nº3 para otorgar un nuevo acceso a la Margen Sur. En ese sentido, señaló que este proyecto viene desde el Gobierno de Rosana Bertone, cuando se aprobó la ley de interés público para proceder a la expropiación, expresando que la labor legislativa en el tema está concluida con la declaración de interés público y que es ahora una tarea que le corresponde continuar al ejecutivo, al tiempo que comentó que ya envió notas a al Ministerio de Gobierno, el propio Gobernador y al fiscal de Estado para que intervengan.
La legisladora sostuvo que sin motivo aparente, el ministro de Gobierno de Rosana Bertone, José Luis Álvarez, firmó un convenio con el propietario, aun luego de declarada la utilidad pública, para alambrar a costa del Estado todo el trayecto de la ruta alternativa. Según señaló, el convenio indicaba que se debían realizar esos trabajos entre abril y junio de 2018, cosa que no sucedió. No obstante, el Gobierno -durante la gestión Bertone- realizó las obras necesarias para la transitabilidad de esa ruta.
“El valor por los terrenos de esa ruta, fijado por el tribunal nacional de tasaciones en el año 2017, era de 1 millón veinticinco mil pesos” dijo Martínez y comentó que el propietario no estuvo de acuerdo con ese valor y aunque en principio se había manifestado de acuerdo con la expropiación, luego se retractó y amparándose en el incumplimiento del convenio firmado con el Ministro Álvarez, cerró la ruta.
“Acá nadie hizo nada, por un lado le permitieron que cerrara la ruta, ni la gestión anterior ni la gestión actual, ni tampoco el fiscal de Estado” dijo y agregó que fiscal de Estado podría haber actuado de oficio.
“El fiscal –en su dictamen- te cuenta la historia después que pasó y te dice fíjate como la arreglás” dijo la legisladora y agregó “la verdad que ha colaborado poco para ayudarnos, para ver cómo hacemos o parar la pelota antes de que te metan 80 goles”.
En ese orden de ideas, Martínez llamó a tener en cuenta la presencia de dos nuevas estaciones de servicio en la zona y los riesgos que implica no tener una vía alternativa en caso de emergencia.
“La expropiación ya está, el precio ya está fijado, él –el propietario- puede discutir en la justicia todo lo que le parezca, se puede presentar en la justicia y decir: este convenio no está cumplimentado; pero el Gobierno de la Provincia no se puede permitir que la ruta continúe cerrada, no puede estar cerrada, es lo que dice el fiscal de Estado como conclusión final” expresó Martínez y dijo que los trabajos sobre la ruta son responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas.
Finalmente dijo que es inexplicable que se haya firmado un convenio para alambrar la vera de la ruta lo que, curiosamente, según el fiscal de Estado debería realizarse con personal de planta permanente.
