El gobierno lanza auditorías masivas que amenazan con dejar sin ingresos a miles de personas con discapacidad, generando un clima de incertidumbre y fuerte rechazo de organizaciones defensoras de derechos humanos.
La administración de Javier Milei ha generado una intensa controversia tras enviar 300.000 notificaciones a beneficiarios de pensiones por invalidez en provincias como Buenos Aires, Chaco, Tucumán, Mendoza, San Luis y Santa Fe. Este proceso, parte de una auditoría nacional que revisará más de un millón de casos, podría derivar en una drástica reducción de subsidios, causando preocupación en miles de familias que dependen de esta ayuda.
El ajuste proyectado alcanza los 900.000 millones de pesos, afectando gravemente al colectivo de personas con discapacidad. Los beneficiarios deberán someterse a evaluaciones médicas obligatorias a cargo del PAMI, bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dirigida por Diego Spagnuolo, abogado personal del presidente.
El presupuesto de 2025 ya preveía esta poda, con un recorte del 40% respecto a 2024 y del 52,6% en comparación con 2023, dejando a casi 200.000 personas sin apoyo económico. La auditoría, que se completará en el primer semestre, se centra en los beneficios otorgados durante la gestión de Alberto Fernández, justificando la medida con supuestas irregularidades detectadas en 2024, incluyendo casos de personas fallecidas y reclusos que seguían cobrando.
Organizaciones como REDI, CELS y APDH cuestionan la nueva evaluación médica de ANDIS, calificándola de discriminatoria y ajena al modelo social de discapacidad vigente en Argentina. Argumentan que el criterio médico ignora las barreras sociales y económicas que dificultan el acceso al empleo, señalando que la falta de oportunidades laborales no depende de una condición física, sino de prejuicios estructurales.
Mientras el gobierno defiende su política de ajuste como una medida de eficiencia fiscal, las voces de oposición crecen, advirtiendo que miles de personas podrían quedar en la indigencia. La tensión entre el oficialismo y las organizaciones sociales se intensifica, configurando uno de los desafíos más sensibles de la gestión Milei, cuya resolución será clave para el futuro inmediato del país y los derechos de las personas con discapacidad.
