El Presidente Javier Milei firmó un decreto para designar a Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como jueces del máximo tribunal, ignorando el aval del Senado. Organizaciones sociales y expertos constitucionalistas denuncian que la medida viola la Carta Magna y debilita la independencia judicial.
En un movimiento que ha desatado una ola de críticas y controversias, el Presidente Javier Milei decidió avanzar con la designación de dos nuevos integrantes para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin contar con la aprobación del Senado. A través de un decreto, el mandatario nombró “en comisión” al académico Manuel García Mansilla y al juez federal Ariel Lijo, con el argumento de “normalizar el funcionamiento” del máximo tribunal, que actualmente opera con solo tres miembros.
La decisión, anunciada a través de un comunicado oficial de la Casa Rosada, ha sido calificada como “inconstitucional” por organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho constitucional. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), su directora ejecutiva, Paula Litvachky, afirmó que no descartan llevar el caso a los tribunales. “La Constitución no habilita al Presidente a decidir unilateralmente cómo conformar la Corte Suprema”, sostuvo Litvachky en diálogo con este medio.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez fue aún más contundente al afirmar que se trata de un “acto nulo de nulidad absoluta”, ya que la designación no cumple con los requisitos establecidos en la Carta Magna. Por su parte, Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), calificó la medida como un “retroceso institucional” que afecta seriamente la independencia del Poder Judicial.
El argumento oficial y la reacción del Senado
El Gobierno se ampara en el artículo 99, inciso 19 de la Constitución, que establece que el Presidente puede llenar vacantes que requieran acuerdo del Senado durante su receso, mediante nombramientos en comisión que expirarán al finalizar la próxima Legislatura. Sin embargo, esta interpretación ha sido cuestionada por la oposición y expertos legales, quienes sostienen que la norma se refiere a empleos diplomáticos y militares, no a la designación de jueces de la Corte Suprema.
Desde la Oficina del Presidente, se argumentó que el Senado mantuvo un “silencio” después de que la Casa Rosada cumpliera con todos los pasos para obtener el aval de la Cámara alta. Sin embargo, la oposición, liderada por Unión por la Patria (UxP), ha rechazado de plano la posibilidad de avalar los nombramientos. Con 34 de los 72 senadores, UxP tiene la capacidad de bloquear cualquier designación que requiera dos tercios de los votos.
En un comunicado emitido este martes, la bancada opositora denunció que Milei “vuelve a violar la Constitución y las leyes, arrojándose facultades que le están vedadas al Poder Ejecutivo”. Además, recordaron que asumieron un compromiso público de rechazar cualquier designación en comisión, por considerarla “una afrenta irreparable al sistema republicano, democrático y federal”.
Los perfiles de los designados
Manuel García Mansilla, de 54 años y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, es un académico con una larga trayectoria en el ámbito jurídico. Aunque en el pasado se manifestó en contra de las designaciones en comisión, aceptó el nombramiento de Milei. García Mansilla ha criticado en varias ocasiones el hiperpresidencialismo y el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), lo que contrasta con la postura del Gobierno que lo promovió para la Corte.
Por su parte, Ariel Lijo, de 56 años y juez federal con una carrera forjada en los tribunales de Comodoro Py, ha trascendido que no renunciará a su actual cargo, sino que solicitará una licencia para evitar perder su puesto si no obtiene el aval del Senado. Sin embargo, este trámite aún no ha sido formalizado ante la Cámara Federal porteña.
Reacciones y futuro incierto
La decisión de Milei ha generado un amplio rechazo en diversos sectores. Para Gil Domínguez, la Constitución solo permitiría designaciones en comisión en casos excepcionales, como la falta total de integrantes en la Corte o vacantes urgentes durante el receso del Senado. “Nada de esto se ve en estas circunstancias”, afirmó.
Desde el CELS, Litvachky advirtió que el Gobierno pretende “gobernar a través de hechos consumados”, en referencia a los DNU y ahora a los nombramientos en la Corte. “El Senado debe prestar un acuerdo político, no un análisis objetivo. Es un planteo falaz”, agregó.
Mientras tanto, el oficialismo afila sus estrategias para intentar obtener el aval del Senado en el futuro, aunque las posibilidades parecen escasas. La intención de Milei es que, para el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso el próximo 1 de marzo, la Corte esté conformada por cinco miembros, incluyendo a los recién designados. Sin embargo, el tiempo apremia y las tensiones políticas no dan tregua.
En el Palacio de Justicia, el silencio reina. Fuentes cercanas al máximo tribunal confirmaron que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre el juramento de los nuevos jueces. Mientras tanto, la polémica sigue creciendo, y con ella, las dudas sobre el futuro de la independencia judicial en la Argentina.
