El paper además confirma las capacidades de brindar información de uso bélico y señala que se trata de un sistema de monitoreo con satélites en al menos 5 puntos más del mundo, cuatro de esos países son parte de la red de inteligencia “Five Eyes”. La autorización precaria con la que contaba la empresa fue emitida por el subsecretario de telecomunicaciones y conectividad de la jefatura de gabinete de la Nación Mariano Lombardi, 5 días después de su designación, en noviembre de 2022.
Río Grande, 4 de agosto de 2023.- El informe del Ministerio de Defensa que sirvió como fundamento a la decisión del Gobierno Nacional para suspender la instalación del radar de la empresa británica Leolabs en Tolhuin, confirmó varias cuestiones delicadas sobre la seguridad nacional que encendieron las alarmas en cuanto al grado de interés geoestreatégico de la pequeña localidad fueguina.
En principio, el informe reafirma que el monitoreo espacial es parte de las incumbencias de la Defensa Nacional, por lo que esa actividad riñe con los intereses argentinos. En ese sentido, señala que el radar de Leolabs “desde nuestro propio territorio nacional, podrá monitorear la actividad satelital argentina tanto civil como militar (actividad que utiliza proyectos de satélites de órbita baja). Interceptar datos y observar objetivos terrestres, marítimos o detectar aeronaves. La banda de operación declarada por la empresa coincide con la banda de operación de las estaciones terrenas de emisión y recepción de datos en banda S, recepción en banda X y Ka de los satélites argentinos. Hacer seguimiento de trayectorias y lanzamiento de los vectores Tronador que nuestro país se encuentra desarrollando desde la CONAE”.
Además, confirma que la empresa Leolabs pertenece a capitales británicos, que se constituyó como empresa ad hoc (a un solo efecto) en Argentina para la instalación de este radar, que se suma a instalaciones análogas en otros países, 4 de los cuales son parte de la alianza estratégica de inteligencia de señales electrónicas denominada “Five Eyes”, constituida por EE.UU, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. También señala el informe que, “Desde el punto de vista geoestratégico militar, los sensores radar utilizados en la AGSR tienen la capacidad de uso dual. Son radares primarios capaces de seguir blancos no colaborativos, aptos para la identificación de escombro espacial, pero apropiados también para el seguimiento de satélites militares de terceros estados, misiles balísticos intercontinentales, misiles hipersónicos e, inclusive, aeronaves. Por lo tanto, la Estación tiene el potencial de configurarse como blanco estratégico en caso de conflicto militar extraterritorial”.
Además, surge del estatuto presentado por Leolabs a la inspección general de justicia, que una de las actividades a realizar es la comercialización de datos, cuestión en extremo delicada si se considera que además estas instalaciones tienen capacidad para interceptar comunicaciones y determinar ubicaciones marítimas, sumando que no es posible el rastreo ni control de los datos que pudiera emitir la estación hacia otros países. Cabe destacar que no se pudieron corroborar los usos científicos del radar y se cuestiona por qué, si el objetivo es monitorear chatarra espacial en la órbita baja con fines científicos, no lo instalaron en Malvinas.
Vale señalar que el funcionario autorizante, el subsecretario de telecomunicaciones y conectividad del Ministerio de Jefatura de Gabinete, es Mariano Lombardi, había sido nombrado solo 5 días antes de otorgar la autorización precaria y que lo hizo sin dar el correspondiente aviso previo al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, ni al Ministerio de Defensa. También cabe señalar que dos asesores de la diputada nacional fueguina, Mabel Caparrós, eran parte del directorio de la empresa.
En definitiva, el informe pondera que la información podría ser utilizada por los servicios de inteligencia de los países del Five Eyes, en su mayoría integrantes de la OTAN, para monitorear posiciones marítimas y aéreas (civiles y militares), interceptar comunicaciones y tráfico de datos y comercializarlos. Ello, tras la decision del Gobierno Nacional, mediante el Ministro de Defensa Jorge Taiana, de reforzar la seguridad en el archipielago del Atlántico Sur e instalar una base en la ciudad del centro de la Isla Grande de Tierra del Fuego.
