La Secretaría de Derechos Humanos, bajo la dirección de Alberto Baños, emitió un comunicado que restringe las actividades en los espacios de memoria, exigiendo autorización previa y amenazando con responsabilizar a los coordinadores. Organismos de derechos humanos denuncian “censura previa” y advierten sobre el vaciamiento de políticas públicas.
El gobierno de Javier Milei ha dado un nuevo paso en su ofensiva contra los sitios de memoria, espacios dedicados a preservar la historia de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Tras meses de despidos masivos y recortes presupuestarios, la administración ahora avanza con una intervención directa en los contenidos y actividades que se desarrollan en estos lugares.
Ayer, el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, envió un correo electrónico a los coordinadores de los sitios de memoria en el que estableció que ninguna actividad podrá realizarse sin su aprobación previa. Además, ordenó la cancelación de eventos ya programados que carezcan de autorización. Desde organismos de derechos humanos calificaron la medida como “de suma gravedad” y la tildaron de “censura previa”.
Este no es el único caso reciente. Con una lógica similar a la utilizada para suspender el recital del artista Milo J en la ex ESMA, el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, presentó una medida cautelar para impedir el festival “Memoria y Resistencia”, programado para los días 14 y 15 de febrero en el Faro de la Memoria, en Mar del Plata. La actividad, organizada en conjunto con la provincia de Buenos Aires, fue cancelada bajo el argumento de que no contaba con la autorización de la Secretaría de Derechos Humanos.
El gobierno bonaerense, liderado por Axel Kicillof, rechazó las acusaciones de Baños y aseguró que las medidas de seguridad para el evento estaban garantizadas. Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, denunció que esta decisión forma parte de una estrategia más amplia de vaciamiento de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia.
Amenazas y represalias
La situación recuerda el caso de Milo J, cuya madre y manager, Aldana Rios, denunció haber sido intimidada por Baños para cancelar el recital en la ex ESMA. “Fue una decisión política: se censura o se reprime”, afirmó Rios en declaraciones a la prensa. Ahora, los trabajadores de los sitios de memoria enfrentan una presión similar. El comunicado de Baños advierte que los coordinadores y el “personal interviniente” serán responsables de cualquier actividad no autorizada, lo que ha generado temor entre los empleados, ya afectados por los despidos masivos.
Reacciones y movilizaciones
La legisladora porteña Victoria Montenegro, nieta recuperada e integrante de Unión por la Patria, fue una de las primeras en alertar sobre el mensaje de Baños. “Van a estar condicionados por la censura previa del secretario de Derechos Humanos, que ya parece un comisario”, afirmó. Por su parte, Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, calificó la medida como “insólita y repudiable”, y acusó al gobierno de buscar “borrar la memoria, la verdad y la justicia”.
El Colectivo Faro de la Memoria convocó a una movilización para hoy a las cinco de la tarde en repudio a la censura. “Es la primera vez que pasa algo así. Siempre nos manejamos con autonomía. Hemos hecho infinidad de actividades, nunca nos pasó una cosa como ésta”, detalló Juan Cruz Bourg, integrante de H.I.J.O.S Resiste.
Contexto legal y preocupación internacional
Los espacios de memoria están protegidos por la Ley 26.691, que establece que la Secretaría de Derechos Humanos debe garantizar su preservación, señalización y difusión. Además, la normativa exige que se consulte a organismos de derechos humanos reconocidos para la toma de decisiones. Sin embargo, el gobierno actual ha ignorado estas disposiciones, lo que ha generado preocupación entre organizaciones internacionales.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales, director del área de Litigio, explicó que estas decisiones judiciales “limitan la palabra en espacios que son, en primer lugar, culturales”. “Son espacios que no están destinados al silencio, sino que se construyeron a partir de la circulación de la palabra”, agregó.
Un futuro incierto
Victoria Montenegro advirtió que estas medidas podrían ser “la antesala de algún pronunciamiento todavía más peligroso”. “De cara al 24 de marzo, y ante la necesidad de profundizar este modelo económico de crueldad, seguramente todas estas medidas sean la antesala de algún posicionamiento que intente ponerle mística de crueldad a un tiempo que, de por sí, ya es bastante cruel”, afirmó.
Mientras tanto, los trabajadores y organizaciones de derechos humanos se preparan para resistir. “Sobrevivimos a la dictadura y a décadas de maltrato. Si no podemos hacer estas actividades aquí, las haremos en otro lado, pero seguiremos luchando”, concluyó Bourg.
Conclusión:
La política del gobierno de Milei hacia los sitios de memoria refleja un intento sistemático de silenciar las voces que defienden la memoria histórica. Con despidos, desfinanciamiento y ahora censura, la administración avanza sobre uno de los pilares fundamentales de la democracia: el derecho a recordar y a exigir justicia.
