En declaraciones a FM La Isla, el secretario de gobierno del Municipio de Río Grande, Gastón Díaz, se refirió a la audiencia ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de la que participaron junto al Municipio de Ushuaia y el Gobierno por el tema coparticipación.
Al respecto, el funcionario señaló que “una cosa es lo que han manifestado ante los medios y otra cosa es lo que manifiestan ante el máximo órgano del poder judicial, allí la provincia ha dejado en claro que no pueden cumplir con un envío de fondos con menos de 20 días hábiles –sostuvo incluso el ministro- desde que los fondos ingresan a la Provincia, es decir que cuando nosotros decimos que habitualmente estamos con 30 días de atraso son justamente esos 20 días hábiles que el ministro dijo que no pueden transferir antes. Cuáles son los motivos internos por los que no llegan con un plazo menor ya es una cuestión atinente al Gobierno, nosotros lo que planteamos es que se cumpla la resolución”.
“Ante la justicia quedó más que claro que no cumplen con menos de 20 días hábiles”, enfatizó Díaz y agregó que hoy ese atraso genera una deuda que ronda los 680 millones de pesos.
En ese sentido, el funcionario señaló que propusieron durante la audiencia, basados en fallos de la SCJN, la imposición del pago de intereses a la Provincia por la deuda, contando con el aval del Fiscal de Estado que planteó que es una opción. “Estamos hablando de atrasos reconocidos y en todo caso estaremos discutiendo qué tasa de interés se le aplicará a esos retrasos” dijo.
“Esto va a llevar su tiempo y si no existe voluntad política por parte del ejecutivo la situación va a continuar de la misma manera” expresó Díaz y agregó que “nosotros como Municipio no tenemos más opción llevar nuestro reclamo ante quien corresponda”.
“Tenemos muy claro que la Provincia, cuando hacemos el reclamo en el ámbito de la legislatura dice que politizamos la cuestión, cuando lo hacemos ante un medio de comunicación dicen que mediatizamos la discusión y cuando lo hacemos ante la justicia, nos dicen que judicializamos el planteo, nosotros en definitiva tenemos una carga que pesa sobre cada funcionario que es defender la autonomía, defender los recursos”, señaló Díaz y recordó que el Gobernador Gustavo Melella antes de asumir se comprometió a regularizar la deuda con los vecinos de Río Grande.
Además, señaló que según dijo el ministro de economía Fernández en la audiencia, el atraso está vinculado a demoras administrativas en AREF, sin embargo, los fondos correspondientes a coparticipación federal, que representan el 70% de la masa coparticipable, no arriban a AREF si no a cuentas de la Provincia, por lo que no es válida la excusa para el atraso, explicó el abogado.
De igual modo, señaló que en pocos días el Tribunal de Cuentas de la Provincia deberá observar la cuenta de inversión del 2020 lo que arrojará más datos concretos sobre la problemática.
“Esto hay que encontrarle claramente una solución política, ya sea una voluntad política manifiesta del Gobierno de cumplir con el envío inmediato de los fondos que ingresan a las arcas provinciales, ya sea en la legislatura a través de una ley de goteo y si no aparece esa voluntad del Poder Ejecutivo y el poder Legislativo, esperemos que el poder judicial al menos establezca un resarcimiento para los vecinos de Río Grande que se ven impedidos de esos fondos” dijo Díaz.
Además, dijo que “existen alternativas, creo que se pueden armar tranquilamente en las comisiones de la legislatura trabajos con equipos técnicos de todas las municipalidades y llegar a una norma que traiga tranquilidad a los municipios y que la transferencia de fondos no dependa, como lo dijo hoy el Ministro de economía de la Provincia, de lo que la Provincia considera que es necesario para cubrir los servicios esenciales, que justamente es ahí donde aparece la violación de la autonomías”.
