El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, designa a una colaboradora cercana para liderar una “autoinvestigación” sobre el Criptogate, mientras crecen las críticas por la falta de transparencia y los posibles conflictos de interés. La oposición cuestiona la credibilidad del proceso y señala irregularidades en la designación de funcionarios.
Criptogate: Una investigación bajo sospecha
El escándalo por la estafa de la criptomoneda $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei y a varios funcionarios de su gobierno, tomó un giro polémico esta semana con la designación de María Florencia Zicavo, jefa de gabinete de asesores del Ministerio de Justicia, al frente de la recién creada Unidad de Tareas de Investigación (UTI). La decisión, impulsada por el ministro Mariano Cúneo Libarona, ha generado un aluvión de críticas por los evidentes conflictos de interés y la falta de independencia en el proceso.
La UTI, que según el gobierno tiene como objetivo “recopilar información” relacionada con el caso $LIBRA, fue establecida mediante un decreto firmado por Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sin embargo, la designación de Zicavo, una colaboradora directa de Cúneo Libarona, ha levantado sospechas sobre la imparcialidad de la investigación. “¿Alguien puede imaginar que la jefa de asesores del ministro de Justicia lleve adelante una investigación seria e independiente sobre el jefe de su jefe?”, ironizó el senador radical Martín Lousteau en su cuenta de X (antes Twitter).
Un ministro en el ojo de la tormenta
El conflicto se agravó cuando se filtró un fragmento de una entrevista en la que Milei afirmaba que Cúneo Libarona se encargaría de su situación judicial relacionada con el Criptogate. Esta declaración, que luego fue eliminada de la emisión televisiva, generó un escándalo adicional, ya que un ministro en funciones no puede actuar como abogado defensor de un presidente sin incurrir en ilegalidad, a menos que renuncie a su cargo. La revelación también implicaba un reconocimiento tácito de que las acusaciones contra Milei están vinculadas a su rol como mandatario, y no a acciones personales, como se había intentado sugerir inicialmente.
Cúneo Libarona, además, ha sido criticado por “instruir” a la Oficina Anticorrupción (OA) para que intervenga en el caso, algo que está expresamente prohibido por un decreto del gobierno anterior. Para colmo, el titular de la OA, Alejandro Melik, es un ex socio del ministro, lo que añade otra capa de conflicto de interés a la ya compleja trama.
La UTI: ¿Investigación o control de daños?
La creación de la UTI ha sido presentada por el gobierno como un gesto de transparencia, pero los detalles de su funcionamiento han generado más preguntas que respuestas. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, la unidad tendrá la facultad de solicitar información a organismos públicos, provinciales e incluso internacionales. Sin embargo, su rol exacto no está claro: ¿se limitará a recopilar datos o tendrá influencia en la selección y el envío de información a la Justicia?
Algunos medios, como La Nación, han intentado minimizar el alcance de la UTI, afirmando que solo se dedicará a “juntar información”. No obstante, el nombre mismo de la unidad —Unidad de Tareas de Investigación— sugiere lo contrario. Además, la designación de Zicavo, conocida por su papel en la implementación de despidos masivos en el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, no inspira confianza en su capacidad para liderar una investigación imparcial.
La investigación judicial, a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano, ha identificado a varios implicados, incluyendo a Milei, Davis, el empresario Julian Peh, y Mauricio Novelli, un trader cercano al presidente. Sin embargo, el avance de la causa ha sido lento, y las primeras medidas judiciales se tomaron una semana después del escándalo.
Reacciones y advertencias
Mientras tanto, la abogada de Davis, Yanina Nicoletti, ha vuelto a aparecer en escena con mensajes en X que sugieren la posibilidad de que su cliente coopere con la Justicia a cambio de beneficios. En uno de sus posts, Nicoletti explicó la figura del “arrepentido” en el proceso penal argentino, utilizada en casos como el de los “Cuadernos” para que los imputados acusen a funcionarios de alto rango a cambio de mejoras en su situación legal.
Por otro lado, el abogado Gregorio Dalbón, uno de los denunciantes del caso, ha pedido ampliar la investigación para incluir a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria de la Presidencia, debido a su presunta participación en reuniones clave con los implicados. Dalbón también solicitó el secuestro de los celulares de los Milei y del portavoz presidencial, Manuel Adorni, para evitar la “destrucción de pruebas”.
Un futuro incierto
El Criptogate sigue siendo un tema candente en la agenda política argentina, con una investigación judicial que avanza lentamente y una “autoinvestigación” gubernamental que carece de credibilidad. Mientras tanto, la oposición y la sociedad civil exigen respuestas claras y transparentes, en un contexto donde la confianza en las instituciones ya está seriamente erosionada.
El gobierno de Milei enfrenta un desafío crucial: demostrar que está dispuesto a actuar con integridad o arriesgarse a que el escándalo de $LIBRA se convierta en una mancha imborrable en su gestión.
