Las CTA y la CGT no aceptaron el incremento escalonado propuesto por la Unión Industrial Argentina. Sin consenso, el monto será fijado nuevamente por decreto de la Secretaría de Trabajo, en un contexto de inflación persistente y salarios depreciados.
En un nuevo capítulo de la disputa por la actualización del salario mínimo, vital y móvil, las principales centrales obreras del país, la CTA y la CGT, rechazaron categóricamente la propuesta presentada por la Unión Industrial Argentina (UIA). Ante la falta de acuerdo, el Gobierno, a través de la Secretaría de Trabajo, fijará el nuevo monto de manera unilateral mediante decreto, replicando lo sucedido en instancias anteriores desde que Javier Milei asumió la presidencia.
Propuestas contrapuestas: sindicatos vs. empresarios
Por primera vez, las centrales sindicales llegaron al Consejo del Salario con una propuesta unificada, planteando un aumento del salario mínimo hasta $572.000 para diciembre. En contrapartida, el sector empresarial propuso un incremento escalonado que alcanzaría $295.000 en marzo de 2025.
La reunión, que contó con un cuarto intermedio para intentar acercar posiciones, culminó sin consenso entre las partes. La propuesta de la UIA implicaba un aumento del 8.8% dividido en cuatro cuotas: $278.000 en diciembre, $284.000 en enero, $290.000 en febrero y $295.000 en marzo. Los representantes sindicales calificaron esta oferta como “vergonzosa”, considerando el impacto inflacionario y el deterioro del poder adquisitivo.
Participantes y contexto del debate
En la reunión tripartita convocada por el Gobierno estuvieron presentes Alexandra Biasutti, subsecretaria de Seguridad Social, representando a la Secretaría de Trabajo. Por parte de la CGT participaron Héctor y Rodolfo Daer, mientras que Funes de Rioja representó a la UIA. Los delegados de la CTA incluyeron a Claudio Marín, Hugo Yasky, Hugo Godoy y Ricardo Peidro.
El contexto actual agrega tensión a la discusión. El salario mínimo, que está congelado en $270.000 desde octubre, representa un aumento acumulado del 74% en lo que va de 2024, frente a una inflación del 107% para el mismo período. Esta disparidad implica una pérdida del 16% del poder adquisitivo, según las cifras oficiales.
Precedentes de desacuerdo y medidas unilaterales
El pasado mes de julio marcó la última reunión del Consejo del Salario, también sin consenso. En aquella oportunidad, la Secretaría de Trabajo avanzó por decreto, fijando el salario en $271.571,22, lejos del reclamo sindical de $505.000 para agosto. Desde entonces, no ha habido actualizaciones, dejando el salario mínimo estancado mientras la inflación continuó su escalada.
La postura gubernamental y el impacto económico
El Gobierno, que busca contener la inflación en un contexto de desaceleración, se muestra reticente a establecer un aumento salarial elevado. Fuentes oficiales sugieren que el nuevo incremento podría acercarse a la propuesta empresarial, con un ajuste mensual del 3%, siguiendo la tónica de las decisiones adoptadas durante el año.
Desde el punto de vista sindical, la oferta de la UIA no solo es insuficiente sino también desconectada de la realidad de los trabajadores, que enfrentan una inflación galopante y una constante depreciación de sus ingresos.
Un conflicto que se intensifica
El enfrentamiento entre sindicatos y empresarios refleja la creciente tensión social y económica en el país. Mientras los gremios buscan salvaguardar el poder adquisitivo, el sector privado argumenta que incrementos desproporcionados podrían afectar la estabilidad macroeconómica.
Con un nuevo decreto en el horizonte, la discusión sobre el salario mínimo se perfila como uno de los principales desafíos del Gobierno de Javier Milei. La brecha entre las necesidades de los trabajadores y las propuestas del empresariado deja en claro que el consenso seguirá siendo difícil de alcanzar.
