El Presidente inaugurará el 143° período de sesiones ordinarias el 1 de marzo en un clima de confrontación política. La oposición avanza con interpelaciones, revocación de facultades delegadas y un pedido de juicio político, mientras el oficialismo busca recuperar la iniciativa en un contexto adverso.
En un escenario marcado por la sombra del escándalo conocido como “Criptogate”, el Presidente se apresta a inaugurar el 143° período de sesiones ordinarias del Congreso el próximo 1 de marzo. El acto, que tradicionalmente marca el inicio del año legislativo, promete estar cargado de tensiones, con un discurso presidencial que se anticipa agresivo y una oposición decidida a llevar adelante una ofensiva parlamentaria sin precedentes.
Tras el fracaso en la conformación de una comisión investigadora en el Senado durante las sesiones extraordinarias, la oposición, liderada por Unión por la Patria, prepara una batería de medidas que incluyen interpelaciones a funcionarios clave, la revocación de facultades delegadas al Poder Ejecutivo y un pedido de juicio político contra el Presidente. Aunque reconocen las dificultades para alcanzar los dos tercios necesarios en el Congreso, los legisladores opositores insisten en que esta herramienta “cuenta con respaldo constitucional y permite una investigación seria”.
Estrategias en juego
De cara a la ceremonia inaugural, se especula que la bancada de Unión por la Patria, liderada por Germán Martínez, podría replicar la estrategia utilizada durante la presentación del presupuesto por parte del Presidente, enviando solo una pequeña delegación al Parlamento. Esta decisión, que se enmarca en el fin de semana largo de carnaval, busca enviar un mensaje de descontento hacia la gestión oficial.
En marzo, con el inicio formal de las sesiones ordinarias, el bloque opositor buscará impulsar la votación de un emplazamiento a la comisión de juicio político y definir un plan de acción para investigar al Presidente. Sin embargo, antes será necesario regularizar la conformación de dicha comisión, ya que el oficialismo ha rechazado la designación de Marcela Pagano como presidenta de la misma.
Iniciativas parlamentarias
El pedido de juicio político no es la única iniciativa que la oposición tiene en carpeta. También se avanza en un proyecto de ley para revocar las facultades delegadas al Poder Ejecutivo mediante la Ley Bases, impulsado por la diputada Cecilia Moreau. Además, Unión por la Patria intentará rechazar el decreto 70/2023, que sigue vigente debido a la falta de consensos en la Cámara baja.
El escándalo también ha derivado en un pedido de interpelación a funcionarios clave del gobierno, entre ellos Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Guillermo Francos, jefe de Gabinete; Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia; y Manuel Adorni, portavoz presidencial. Esta iniciativa, impulsada por el interbloque Encuentro Federal liderado por Miguel Ángel Pichetto, marca una desescalada respecto de las propuestas más radicales, como el impeachment promovido por los diputados socialistas.
El Senado, otro frente de batalla
En la Cámara alta, Unión por la Patria, junto a un sector del radicalismo, insistirá en la conformación de una comisión investigadora, tras el intento fallido durante las sesiones extraordinarias. En aquel momento, los gobernadores de la UCR salieron al rescate del Presidente, frustrando la iniciativa. Sin embargo, la presión ejercida por la Casa Rosada sobre los gobernadores Cornejo, Valdés y Zdero dejó en evidencia el nerviosismo que esta propuesta genera dentro del gobierno.
Un veterano legislador recordó el impacto de la comisión investigadora que, en la década de los ’90, reveló una trama de corrupción en la contratación de IBM para informatizar el Banco de la Nación Argentina, involucrando a directivos de la empresa, funcionarios bancarios y empresarios. “Este tipo de investigaciones puede tener consecuencias impredecibles”, advirtió.
El primer año legislativo de Milei bajo la lupa
El primer año de gestión del Presidente en el ámbito legislativo ha estado marcado por un bajo nivel de actividad parlamentaria y un uso recurrente de decretos de necesidad y urgencia (DNU). Según un informe del Directorio Legislativo, durante este período se aprobaron solo 44 leyes, la cifra más baja en comparación con el primer año legislativo de las últimas cuatro presidencias. De ese total, 36 fueron impulsadas por el Poder Ejecutivo, aunque la mayoría correspondían a gestiones anteriores. En contraste, se sancionaron 8 leyes propuestas por la oposición, de las cuales dos fueron vetadas por el Presidente: la actualización de la fórmula jubilatoria y el presupuesto universitario.
La intransigencia del Gobierno para llevar adelante su agenda legislativa ha sido compensada con el uso de DNU, una herramienta que Milei ha empleado con mayor frecuencia, lo que ha generado críticas por el deterioro en la calidad democrática. Además, el gobierno ha ejercido presión sobre los gobernadores de distintos espacios políticos, abriendo la billetera en votaciones clave para el oficialismo, como la Ley Bases.
Reformas electorales y desafíos
En este contexto, el gobierno avanzó con reformas electorales como la implementación de la Boleta Única de Papel y la suspensión de las PASO. El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) sostuvo que la Boleta Única de Papel representa “una herramienta para garantizar que la oferta electoral esté completa en todos los centros de votación, con el objetivo de fortalecer la legitimidad del proceso”. Sin embargo, advirtieron que la eliminación de las PASO, sin un mecanismo alternativo, “podría debilitar la legitimidad de las candidaturas”.
Críticas desde la oposición
El diputado de Unión por la Patria, Hugo Yasky, cuestionó el alineamiento de ciertos sectores opositores con el oficialismo: “Es un gobierno que logró cooptar a una oposición que decidió desistir del mandato que tenía, lo que significó un enorme retroceso institucional”. Sobre el tono que espera para la apertura de sesiones del 1 de marzo, agregó: “Milei está en un pantano y cuanto más se mueva y más agresivo sea, peor será para él”.
Desde su espacio también recordaron que haber otorgado rango ministerial a la Secretaría de la Presidencia la hace plausible de un eventual juicio político, al igual que el resto de los ministros. El escenario está servido para un año legislativo que promete ser tan turbulento como el que acaba de concluir.
