Tras la desaceleración inflacionaria que el Gobierno atribuye a sus políticas, se esconde un entramado de retrasos en la actualización de metodologías y presiones políticas que cuestionan la transparencia de las estadísticas oficiales. Expertos y gremios denuncian que la inflación podría ser mayor a la reportada, mientras el FMI insiste en cambios que el Ejecutivo parece eludir.
Cifras en la sombra: la manipulación del IPC y las tensiones en el INDEC bajo la lupa
Detrás de la aparente desinflación que el Gobierno de Javier Milei ha logrado exhibir en los últimos meses, con una tendencia a la baja que podría interrumpirse en febrero, se esconde un complejo entramado de ocultamiento de datos, demoras injustificadas en la aplicación de nuevas metodologías y una gestión polémica de las estadísticas oficiales. Este manejo, calificado por expertos como poco ético, ha generado un profundo debate sobre la credibilidad del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la transparencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Hace algunas semanas, el anuncio de una inflación del 2,2% para enero pasado encendió las alarmas. La cifra, casi un punto porcentual inferior al IPC registrado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que utiliza una canasta actualizada al 2018 y pondera más los servicios que los bienes, contrasta con la metodología del INDEC, que aún se basa en una canasta de 2004. Esta discrepancia llevó a gremios de la CGT y la CTA a denunciar que “la inflación es un dibujo”, mientras varias consultoras privadas comenzaron a medir la inflación con bases más actualizadas, en paralelo a sus estudios habituales.
La trastienda política del INDEC
La gestión del INDEC bajo el Gobierno de Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, ha dejado al descubierto una serie de irregularidades. Funcionarios han bloqueado la publicación de nuevos indicadores, se produjo el misterioso despido de la responsable de desarrollar el nuevo IPC, y se conocieron informes y reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en las que el organismo multilateral ya había solicitado, desde los primeros días de la administración, un cambio en la metodología de medición de la inflación. Este retraso en la actualización está comenzando a afectar otros indicadores clave, como la pobreza, el PBI y el índice de salarios.
En un giro irónico del destino, en la última reunión con el FMI participó Graciela Bevacqua, exdirectora del INDEC que fue desplazada durante la intervención de Guillermo Moreno en el organismo. Su presencia en el encuentro simboliza la continuidad de un problema que se arrastra desde hace años: la manipulación política de las estadísticas oficiales.
El FMI y la presión por el cambio
Entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre de 2023, el INDEC organizó una jornada de intercambio con el FMI para discutir el cambio de base del IPC. En esa reunión participaron Brian Graf, representante del FMI; Marco Lavagna, presidente del INDEC; y Pedro Ignacio Lines, director técnico del organismo y cercano a la Casa Rosada. También estuvieron presentes Bevacqua, en calidad de asesora, y otras funcionarias clave como Analía Calero, Georgina Giglio y Marcela Almeida, quienes habían sido desplazadas durante la gestión de Moreno.
El FMI confirmó que los trabajos realizados para actualizar la metodología del IPC eran correctos y recomendó su implementación para abril de 2024. Sin embargo, cuando Lines se percató de que el nuevo método arrojaría una inflación más alta, comenzó una serie de presiones y hostigamientos hacia los técnicos que habían desarrollado la metodología. Lavagna, por su parte, había dado luz verde al cambio, siempre y cuando el FMI lo avalara.
¿Por qué el Gobierno oculta el nuevo IPC?
La decisión del Gobierno de no aplicar la nueva metodología tiene una explicación sencilla: reconocería una inflación 18 puntos porcentuales más alta en 2024, afectaría las proyecciones para 2025 y, sobre todo, revelaría que la inflación durante los últimos dos años del Gobierno anterior fue menor a la reportada oficialmente. Esto último, a pesar de los valores récord que contribuyeron a la derrota electoral del kirchnerismo.
Brian Graf, del FMI, no solo insistió en la necesidad de actualizar la canasta de 2004, sino que también recomendó modificar los ponderadores para reflejar el mayor peso de los servicios y las tarifas en el gasto familiar, y sugirió el uso de tablets en lugar de formularios en papel para las encuestas de precios.
Persecución y despidos en el INDEC
Tras la partida del FMI, los técnicos del INDEC trabajaron contra reloj para finalizar el nuevo IPC. Sin embargo, según fuentes internas, Lines y otros funcionarios recibieron presiones desde el Ministerio de Economía para retrasar la publicación del indicador actualizado. Estas órdenes, que buscaban “ganar tiempo” para evitar que el tema ingresara en la agenda pública, habrían provenido directamente de Caputo.
En octubre de 2024, el FMI regresó a la Argentina y se sorprendió al ver que, en menos de ocho meses, el INDEC había desarrollado e implementado la nueva metodología, incluyendo el uso de tablets para las encuestas. “Lo hicieron en tiempo récord”, admitió Graf. Sin embargo, a pesar de las recomendaciones del FMI para anunciar el nuevo IPC en noviembre de 2024, el INDEC comenzó 2025 utilizando la misma metodología obsoleta.
Un escándalo político en ciernes
El despido de Analía Calero, responsable del IPC y una de las principales impulsoras de la nueva metodología, agravó la situación. Su salida, sin explicaciones claras, ocurrió en medio del tenso debate entre la Casa Rosada y el INDEC. Calero, quien ya había sido desplazada durante la gestión de Moreno, es solo una de las varias funcionarias que han sufrido represalias por intentar modernizar las estadísticas oficiales.
Marco Lavagna, presidente del INDEC, se encuentra en el ojo de la tormenta. Aunque ha manifestado su apoyo a la aplicación inmediata de la nueva metodología, las presiones políticas parecen haberlo dejado en una posición incómoda. De hecho, a fines de 2024, Lavagna habilitó una calculadora en la página del INDEC para que los ciudadanos pudieran calcular su propio costo de vida, una medida interpretada como un reconocimiento tácito de que el IPC oficial no refleja la realidad.
Rumores y distorsiones
En los pasillos del INDEC circulan rumores de que el Gobierno utiliza indicadores más precisos para sus cálculos internos, mientras mantiene cifras oficiales distorsionadas. Esta práctica, reminiscente de la era Moreno, subraya la falta de transparencia y la manipulación política de las estadísticas, un problema que, lejos de resolverse, parece haberse agravado bajo la actual administración.
En un contexto de creciente desconfianza hacia las cifras oficiales, la polémica en torno al IPC no solo pone en jaque la credibilidad del INDEC, sino que también amenaza con convertirse en un escándalo político de proporciones para el Gobierno de Milei.
