La administración de Javier Milei busca acelerar las negociaciones con el organismo crediticio internacional, aunque enfrenta resistencias internas y exigencias de reformas estructurales. El decreto perdería validez solo si es rechazado por ambas cámaras del Congreso.
El Ejecutivo nacional decidió recurrir a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en lugar de presentar un proyecto de ley para avanzar en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida, que solo perdería efecto si es rechazada por la Cámara de Diputados y el Senado, busca agilizar el proceso en medio de un escenario económico crítico y una falta de consenso político.
Según un comunicado publicado por la Oficina del Presidente en la red social X, la decisión responde al compromiso asumido por el mandatario Javier Milei durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. “Tal como se comprometió el presidente, se dictará y remitirá al Congreso Nacional un Decreto de Necesidad y Urgencia para obtener su respaldo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, señaló el texto.
Sin embargo, el camino hacia un entendimiento con el organismo multilateral no está exento de obstáculos. El FMI ha insistido en la necesidad de implementar cambios profundos en las políticas monetarias, fiscales y cambiarias, además de requerir un amplio apoyo político y social para concretar cualquier acuerdo. Hasta el momento, las conversaciones entre el gobierno argentino y la entidad crediticia no han arrojado resultados definitivos, y se desconocen detalles clave como los montos, plazos y condiciones del posible programa.
Exigencias del FMI y respuestas del Gobierno
Julie Kozack, portavoz del FMI, destacó en una conferencia de prensa que existe un “entendimiento compartido” sobre la necesidad de adoptar políticas consistentes para estabilizar la economía argentina. No obstante, subrayó que el avance en las reformas estructurales es fundamental para alcanzar un acuerdo. “Es crucial avanzar en las reformas que promuevan el crecimiento”, afirmó Kozack, en una clara alusión a los desafíos que enfrenta la administración de Libertad Avanza.
Frente a estas declaraciones, el ministro de Hacienda, Luis Caputo, salió al cruce para aclarar que el FMI “nunca pide una devaluación” y aseguró que ya se ha alcanzado un entendimiento sobre cómo continuará el programa económico. Según Caputo, el acuerdo se cerraría en el primer cuatrimestre de 2025, debido a los trámites legislativos y la burocracia del organismo internacional.
El Gobierno enfrenta una urgente necesidad de obtener divisas frescas para estabilizar los mercados y evitar la fuga de inversores. En este contexto, Caputo también se refirió a los altos precios en dólares, argumentando que la solución no pasa por una devaluación, sino por la reducción de impuestos y el fomento de la competencia. “Los precios bajarán con menos impuestos y más competencia, como ya ocurrió en el sector automotriz”, sostuvo el ministro.
El rol del Congreso y los desafíos políticos
La aprobación del Congreso es un elemento clave en este proceso. Kozack señaló que “asegurar el respaldo del Legislativo es una decisión de las autoridades, tal como lo establece la legislación interna argentina”. Además, destacó que un amplio consenso político y social podría facilitar la implementación del programa.
Sin embargo, la historia reciente del Parlamento argentino en relación con los acuerdos con el FMI no es alentadora. Durante la gestión de Alberto Fernández, el exministro de Economía Martín Guzmán impulsó una ley para restaurar la sostenibilidad de la deuda pública, en respuesta a los problemas generados por el endeudamiento durante la presidencia de Mauricio Macri. En aquel entonces, Luis Caputo también ocupaba el cargo de ministro de Hacienda.
En este nuevo escenario, el decreto enviado por el Ejecutivo deberá ser analizado por una Comisión Bicameral antes de ser sometido a votación en ambas cámaras. Solo perderá vigencia si es rechazado por Diputados y Senadores. No obstante, fuentes cercanas al Gobierno admitieron que se está evaluando un “plan B” en caso de no obtener el respaldo legislativo necesario.
Escepticismo y críticas
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no tardó en manifestar su escepticismo frente al anuncio de Milei. A través de la red social X, la líder del kirchnerismo ironizó: “Cuando cerraste el discurso, anunciando que ya tenías un nuevo acuerdo con el FMI que ‘nos brindará las herramientas para sanar el camino hacia un esquema cambiario más libre y eficiente’… dije bingo!!!! Otra vez sopa”.
Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, subrayó que el FMI exige “institucionalidad y seguridad jurídica” para aprobar cualquier acuerdo, lo que implica que el respaldo del Congreso es indispensable. “La posibilidad de que sea por decreto no es real, porque tampoco lo permitiría el Fondo”, afirmó Francos.
Un futuro incierto
Las negociaciones con el FMI continúan en un marco de incertidumbre. Aunque el Gobierno insiste en que se están realizando “progresos constructivos”, nada está garantizado. El organismo multilateral ha dejado en claro que no quiere repetir los errores del pasado, como ocurrió durante la gestión de Macri, cuando subestimó la apreciación cambiaria y expuso al FMI a riesgos financieros significativos.
Según un informe del banco UBS, el nuevo desembolso podría alcanzar los 20.000 millones de dólares, destinados a cubrir los vencimientos de capital e intereses antes de que finalice el mandato de Milei. Mientras tanto, el Gobierno mantiene su argumento central: la lucha contra la inflación. “No existe asunto más necesario y urgente que terminar con la inflación que durante años arruinó la vida de los argentinos”, reza el comunicado oficial.
En un contexto de tensiones políticas y económicas, el desenlace de esta negociación marcará un hito crucial para el futuro de la Argentina.
