Trabajadores de la salud denuncian más de 1.400 despidos y el cierre de dos direcciones clave. El Ministerio asegura la continuidad de las estructuras, pero no garantiza la renovación de contratos. El conflicto escala con asambleas y reclamos gremiales.
En el arranque de 2025, el gobierno liderado por el presidente Javier Milei ha puesto en la mira a la salud pública, desatando una ola de tensión en el sector. Los empleados del Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, están nuevamente en pie de lucha ante el anuncio de más de 1.400 cesantías y la posible clausura de dos áreas estratégicas: la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DICEI) y la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis.
Según declaraciones oficiales al medio El Destape, no se contempla el cierre de estas dependencias, aunque sí se confirmó que muchos contratos podrían no ser renovados. “Las no renovaciones de contratos no afectan el funcionamiento de las áreas”, aseguraron desde el Ministerio, una afirmación que no ha convencido a los empleados ni a los sindicatos, que consideran que la continuidad laboral es esencial para garantizar el correcto desempeño de las funciones.
La incertidumbre laboral golpea al sector
Los contratos actuales tienen vigencia hasta el 31 de enero, y muchos trabajadores, con varios años de antigüedad, temen por su futuro. El Gobierno no ha precisado la cantidad exacta de despidos que se materializarán al finalizar el mes, mientras que Milei ha celebrado públicamente las cesantías en diversas entidades estatales. En un intento de calmar los ánimos, el Ministerio destacó que el Decreto 1138/24, publicado el 31 de diciembre de 2024, respalda la estructura vigente, pero esto no ha frenado las protestas.
Las funciones de las direcciones en riesgo
La DICEI es responsable de coordinar el Calendario Nacional de Vacunación, monitorear enfermedades inmunoprevenibles y garantizar la seguridad y calidad de las vacunas. Además, es clave en la detección de brotes epidemiológicos y en la elaboración de respuestas rápidas ante eventos adversos relacionados con la inmunización.
Por su parte, la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis tiene como objetivo fortalecer las estrategias de prevención, garantizar el acceso a tratamientos integrales y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. José Di Bello, del Grupo Efecto Positivo, denunció que en 2024 ya se evidenció un desmantelamiento de estas políticas, con desabastecimiento de medicamentos esenciales y reactivos para diagnósticos. “No se compraron insumos de prevención. Argentina solía adquirir 50 millones de preservativos al año, pero en 2024 no se compró ninguno”, afirmó.
Reclamos gremiales y medidas a seguir
Frente a esta situación, los trabajadores planean nuevas estrategias de lucha. El próximo lunes 20 se llevará a cabo una mesa de diálogo entre autoridades y sindicatos, donde se discutirán estos temas junto a la situación del Hospital Bonaparte y los recientes despidos. El Frente Nacional de VIH, Hepatitis y Tuberculosis también se declaró en estado de alerta, convocando a asambleas para coordinar una respuesta colectiva.
Antecedentes de recortes
El Decreto 1138/24 también eliminó más de 15 organismos, incluyendo la Dirección de Géneros y Diversidad, la Coordinación de Zoonosis y la Dirección Nacional de Recursos Físicos. Estas decisiones han generado críticas por parte de expertos y organizaciones sociales, que advierten sobre el impacto negativo en el acceso a derechos fundamentales.
Conclusión: El conflicto en el sector de la salud pública refleja un panorama de incertidumbre y tensión creciente. Los trabajadores y las organizaciones sociales demandan soluciones urgentes para preservar el acceso a la salud como un derecho básico e inalienable, mientras el gobierno de Milei defiende su plan de ajuste como parte de una reestructuración necesaria. El desenlace de esta controversia se definirá en las próximas semanas.
