En menos de 48 horas, la administración de La Libertad Avanza modificó por decreto leyes clave de defensa y seguridad, desatando polémica y advertencias sobre la erosión de facultades del Congreso.
En un movimiento que remeció el tablero político, el gobierno de Javier Milei implementó por decreto significativos cambios en las leyes de Defensa Nacional (23.554) y Seguridad Interior (24.059), pilares fundamentales del consenso democrático alcanzado tras la última dictadura. Estas reformas, plasmadas en los decretos 1112 y 1107, habilitaron una mayor intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, lo que desató fuertes críticas de la oposición y organismos de derechos humanos.
El ministro de Defensa, Luis Petri, tomó las medidas afirmando: “Prometimos, cumplimos”. Según explicó, el decreto 1112 amplía las atribuciones de las Fuerzas Armadas, permitiendo su intervención no solo frente a amenazas externas de otros Estados, sino también ante actores no estatales, como organizaciones terroristas o transnacionales. Además, el nuevo marco habilita su despliegue en zonas fronterizas estratégicas.
Un cambio histórico en la doctrina de defensa.
El decreto deroga el reglamento 727/2006, instaurado durante el mandato de Néstor Kirchner, que limitaba el accionar militar exclusivamente a agresiones externas estatales. En contraste, la administración Milei adopta la llamada doctrina de “nuevas amenazas”, que cuenta con respaldo de Estados Unidos y había sido parcialmente impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri.
La implementación de estas medidas marca una ruptura con la separación histórica entre defensa y seguridad interior. A través del decreto 1107, el Poder Ejecutivo Nacional ahora tiene la potestad de definir qué constituye un “objetivo de valor estratégico”, lo que incluye infraestructuras críticas como Vaca Muerta, aeropuertos, puertos o la Plaza de Mayo.
Tensiones internas y externas
Las reacciones no se hicieron esperar. Desde Unión por la Patria (UxP) advirtieron que las reformas significaban una peligrosa intromisión del Ejecutivo en facultades exclusivas del Congreso. “Es un paso más hacia la militarización de la seguridad interior, sin justificación alguna”, expresó Sabina Frederic, exministra de Seguridad.
Por otro lado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó sobre el riesgo de que estas medidas conduzcan a un desdibujamiento de los límites entre fuerzas de seguridad militares y militares, con graves implicancias para la democracia. “Podrían militarizar la protección de activos estratégicos y concentrar un poder desmedido en el Ejecutivo”, señaló en un comunicado.
Divergencias en el propio oficialismo
La polémica también resuena al interior del gobierno de Milei. Mientras Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, apoya la militarización en zonas sensibles, la vicepresidenta Victoria Villarruel se opone, subrayando que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para actuar en conflictos internos.
Ecos en el Congreso y la sociedad civil
Un grupo de diputados de UxP, liderado por Ricardo Herrera y Leopoldo Moreau, emitió una declaración de “profunda preocupación” ante lo que consideran un avance del Ejecutivo sobre el Legislativo. En tanto, el exministro de Defensa Agustín Rossi advirtió que estas decisiones alejan a la Argentina de las tendencias globales en materia de defensa, debilitando al país ante posibles agresiones externas.
En un clima de creciente incertidumbre, queda por ver cómo reaccionarán las Fuerzas Armadas ante estas nuevas disposiciones. Sectores más tradicionales, como el representado por Cecilia Pando, ya manifiestan su rechazo, exigiendo que primero se resuelva la situación de los militares encarcelados por crímenes de lesa humanidad.
Conclusión:
El giro en la política de defensa y seguridad impulsada por el gobierno de Javier Milei marca un antes y un después en la historia democrática argentina. Aunque presentados como un fortalecimiento de las instituciones militares, los decretos han abierto un intenso debate sobre sus implicancias para el sistema republicano y la convivencia democrática.
