Legisladores de la Coalición Cívica acusan a la Secretaria General de la Presidencia de solicitar sobornos y aprovechar su posición para beneficiar a su familia. La denuncia incluye chats difundidos y testimonios que vinculan a Karina Milei con irregularidades en la promoción de la polémica criptomoneda.
En una jornada cargada de repercusiones políticas, este miércoles se conoció que Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, fue denunciada penalmente por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y violación de la Ley de Ética Pública. La acusación se enmarca en el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, en el que tanto ella como el mandatario habrían estado involucrados en una presunta estafa.
Desde la Coalición Cívica (CC), los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro presentaron la denuncia, señalando a Karina Milei como la supuesta responsable de solicitar sobornos a cambio de gestionar reuniones con el presidente. Los legisladores basaron su reclamo en una serie de chats privados que fueron difundidos públicamente, donde se la menciona como la figura clave en la coordinación de estos pagos ilegales.
“En su carácter de Secretaria General de la Presidencia, reforzada por su condición de hermana del presidente, Karina Milei maneja la agenda de entrevistas de Javier Milei. Ya existían menciones previas sobre pagos por candidaturas, pero sin precisiones concretas. Sin embargo, desde el viernes 14 de febrero, cuando se reveló la participación del mandatario en la posible defraudación a través de $LIBRA, personas vinculadas al caso han señalado en chats privados que la denunciada era quien solicitaba los sobornos. Uno de los primeros en hacerlo fue el trader Hayden Davis”, detallaron Frade y Ferraro en el documento presentado ante la Justicia.
Además, los denunciantes sostienen que, según investigaciones en curso en Estados Unidos, Karina Milei habría sido la encargada de coordinar las reuniones entre el presidente y los promotores de la controversial criptomoneda. “El empresario Diógenes Casares ratificó que un alto funcionario recibió dinero para que el presidente promocionara $LIBRA. Casares mencionó, por segunda vez, que tuvo conocimiento de pagos a un integrante del Gabinete nacional a cambio de que Javier Milei publicitara la criptomoneda en su cuenta de X (antes Twitter). También reiteró haber visto los chats en los que Hayden Davis aseguró haberle pagado a Karina Milei”, indicaron los legisladores.
El escándalo no se limita a los chats. Según la denuncia, varias personas ajenas al Gobierno han expuesto públicamente sus experiencias sobre el presunto rol de Karina Milei como “cajera” de la Secretaría General. Entre ellos, mencionan al reconocido orfebre argentino Juan Carlos Pallarols, quien afirmó que la denunciada le solicitó un depósito de 2.000 dólares para concretar una audiencia con el presidente. También citaron a la periodista Cristina Pérez, de LN+, quien aseguró que el entorno del Gobierno “ofrece o pide dinero para acercar empresarios” al mandatario.
“Tantas referencias en el mismo sentido resultan suficientes para que se inicie una investigación. De ser ciertas estas acusaciones, Karina Milei estaría aprovechando su posición en la función pública para beneficiarse a sí misma y a su familia, comercializando el cargo de su hermano”, remarcaron los diputados. Además, agregaron que, si la Secretaria General es la única encargada de manejar la agenda presidencial, “se puede suponer que ella facilitó el acceso a la Casa Rosada y a Olivos a todos los implicados en la estafa de $LIBRA”.
La denuncia también apunta a la posible destinación de los fondos recaudados. “Si estas reuniones y encuentros pasaban únicamente por las manos de Karina Milei, será necesario investigar el destino de ese dinero”, señalaron. Entre las posibilidades, mencionan que los fondos podrían haber beneficiado a la familia Milei o a la Fundación Faro Argentino, liderada por el intelectual Agustín Laje.
En el cierre de la denuncia, Frade y Ferraro hicieron referencia a la Ley Nº 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. “El artículo 2, inciso ‘C’, establece que los funcionarios públicos deben velar por los intereses del Estado y el bienestar general, privilegiando el interés público sobre el particular. El inciso ‘D’ exige no recibir beneficios personales indebidos vinculados a sus funciones”, citaron. Además, recordaron que el Capítulo IX de la misma ley introduce reformas al Código Penal, donde se establece que cualquier funcionario que reciba dinero o dádivas a cambio de actos relacionados con sus funciones será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua.
El caso ha generado un fuerte impacto en la escena política, poniendo en tela de juicio la transparencia del Gobierno y la conducta ética de sus principales figuras. Mientras tanto, la Justicia deberá determinar si las acusaciones tienen sustento y si Karina Milei incurrió en los delitos que se le imputan.
