Juan Pablo de Luca, presidente de Río Grande Activa, habló acerca de los cambios en la distribución de los fondos del FAMP. La intervención del Gobierno Nacional y la posibilidad de reducir a la mitad los recursos disponibles generan alerta en la Provincia.
En medio de un contexto de ajuste fiscal y desfinanciamiento de obras públicas, el decreto 111 ha generado un fuerte debate en Tierra del Fuego, dado que modifica la distribución del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), introduciendo al Gobierno Nacional como un actor clave en la aprobación y ejecución de proyectos de infraestructura. Juan Pablo de Luca, presidente de Río Grande Activa y representante del municipio de Río Grande en el comité asesor del FAMP, analizó, en diálogo coin FM La Isla las implicancias de la medida de Milei.
El FAMP, que actualmente cuenta con un fondo acumulado de aproximadamente 200 millones de dólares, se divide en un 60% para proyectos productivos de la empresas adheridas al subrégimen y un 40% para infraestructura. Hasta ahora, los proyectos de infraestructura eran presentados y gestionados por los municipios y el gobierno provincial. Sin embargo, con el decreto 111/25 el Gobierno Nacional pasa a tener la facultad de presentar y aprobar estos proyectos, lo que ha generado preocupación por la posible discrecionalidad en el uso de los fondos.
“El Gobierno Nacional ahora puede presentar los proyectos y también aprobarlos, lo que lo convierte en juez y parte”, explicó De Luca. “Esto es particularmente preocupante en un momento en que el financiamiento para infraestructura es escaso y se han cortado obras clave en Río Grande”.
Uno de los puntos más alarmantes es la modificación en la forma en que se calculan los fondos disponibles. Anteriormente, se consideraba el total acumulado, incluyendo los intereses generados por las inversiones financieras del fondo. Sin embargo, el decreto 111 introduce el concepto de “fondos percibidos”, lo que limita el uso de los recursos a lo recaudado en un momento específico, excluyendo los intereses generados. Esto podría reducir a la mitad los fondos disponibles, pasando de 200 millones de dólares a apenas 100 millones.
“Esto abre la posibilidad de que el Gobierno Nacional destine solo lo que las empresas aportaron en un momento determinado, dejando fuera los intereses generados”, señaló De Luca. “Es una forma de recortar recursos que deberían estar destinados a Tierra del Fuego”.
La intervención del Gobierno Nacional también ha generado dudas sobre la transparencia y equidad en la distribución de los fondos. Actualmente, el comité ejecutivo del FAMP está compuesto por dos representantes del Gobierno Nacional y uno de la provincia, lo que concentra el poder de decisión en manos del gobierno central. “El comité asesor, que debería incluir representantes de los municipios, nunca fue conformado”, denunció De Luca. “Esto deja a las localidades fuera de las decisiones clave”, enfatizó.
En cuanto a los proyectos, De Luca destacó que, si bien hay un diálogo positivo entre el intendente de Río Grande, Martín Pérez, y la presidenta del comité ejecutivo, Noelia Ruíz, es fundamental que los fondos se utilicen de manera equitativa y priorizando las necesidades más urgentes de la provincia. “No estamos en contra de que se dinamice el turismo en Ushuaia, pero necesitamos inversiones en Río Grande, donde hemos perdido 3.500 puestos de trabajo y enfrentamos una crisis industrial”, afirmó, en relación avance que presenta la gestión para la construcción de un hotel en la ciudad capitalina. Vale reslatar al respecto, que el 80% de los recursos del FAMP provienen de empresas radicadas en Río Grande.
Además, De Luca recordó que el FAMP no solo debe financiar proyectos productivos, sino también mejorar la infraestructura y las condiciones de vida en la provincia. “La promoción industrial ha generado crisis urbanas en nuestras ciudades, con un crecimiento desordenado y falta de servicios básicos”, explicó. “Por eso es crucial que estos fondos también se destinen a soluciones habitacionales, pavimentación y urbanización”.
La posibilidad de que el Gobierno Nacional recorte los fondos disponibles y priorice proyectos que no necesariamente responden a las necesidades locales ha generado un fuerte rechazo. “Estos recursos son de todos los fueguinos y debemos cuidarlos”; “No podemos permitir que se reduzcan a la mitad ni que se utilicen de manera discrecional”, concluyó De Luca.
