La controversia por la detención de Edgardo Kueider agita las aguas dentro del oficialismo. El presidente y la vicepresidenta intercambiaron acusaciones en torno a la validez de la sesión legislativa que concretó la expulsión del senador.
Un conflicto en ascenso entre Milei y Villarruel tras la polémica sesión del Senado
La reciente detención en fraganti del senador Edgardo Kueider y su expulsión de la Cámara Alta han desencadenado una tormenta política en las filas libertarias. Ayer, la disputa escaló a nuevos niveles cuando Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel , cruzaron argumentos sobre la legitimidad de la sesión que concretó el apartamiento del legislador. Desde Italia, el presidente cuestionó la validez del procedimiento, mientras que Villarruel defendió su accionar alegando que cumplió con la normativa vigente.
Milei cuestiona la validez de la sesión desde Italia
El mandatario, que se encontraba cruzando el Atlántico rumbo a Roma, afirmó que la vicepresidenta no debía presidir la sesión del Senado al momento de la expulsión de Kueider, ya que, según él, en ausencia del presidente, ella debía asumir las funciones del Poder. Ejecutivo. “Esto violenta la división de poderes”, declaró Milei en una entrevista radial con Luis Majul , calificando la sesión como “inválida” y sugiriendo que “se podría hacer nuevamente”.
En un movimiento inusual, Milei se posicionó como defensora de la institucionalidad republicana, destacando que “el sistema de contrapesos no permite que una misma persona ejerza simultáneamente roles en el Legislativo y el Ejecutivo”. Además, acusó a Villarruel de ignorar las notificaciones que habría recibido de su escribanía sobre el traspaso de mando.
Villarruel responde: “No incumplí ninguna Constitución”
La vicepresidenta replicó desde las redes sociales, argumentando que no existía violación alguna a la Constitución, ya que el traspaso de mando solo se concreta con el acta del Escribano General de Gobierno , la cual fue emitida después de la sesión. “Cumple mi rol cuando me notifican oficialmente. Esto ocurrió el jueves a las 19 horas. Si hubo incumplimiento, es responsabilidad de otros”, señaló.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez respaldó esta interpretación, subrayando que el traspaso de poder no puede considerarse efectivo sin la certificación escrita correspondiente. Según Domínguez, sin dicho documento, Milei no estaba habilitada para salir del país, lo que evidenciaba “desprolijidades administrativas” en el procedimiento del Ejecutivo.
La postura oficialista y las presiones internas.
Desde el entorno de Villarruel rechazó de inmediata la acusación del presidente y defendió la validez de la sesión, insistiendo en que la vicepresidenta estaba plenamente habilitada para presidir el Senado. Sin embargo, figuras clave del oficialismo, como Carlos Pagotto y Eduardo Menem , aprovecharon para sembrar dudas sobre la regularidad del procedimiento.
El debate llegó a un punto álgido cuando la Casa Rosada divulgó documentos internos que confirmaban que Villarruel había sido notificado del viaje de Milei con 48 horas de antelación. Además, un chat interno revelado por Presidencia mostró que la secretaría de la vicepresidenta fue informada del traslado del mandatario a Roma el martes previo a la sesión.
La dimensión política del caso Kueider
La expulsión del senador Kueider, detonante de esta controversia, representa una victoria simbólica para un oficialismo que busca posicionarse como incorruptible. Sin embargo, la aparente falta de coordinación entre las máximas autoridades del Ejecutivo y las grietas internas han eclipsado este logro, trasladando el foco al conflicto entre Milei y Villarruel.
Kueider, quien cayó en desgracia tras su detención en Paraguay, podría ser el único habilitado para impugnar judicialmente la sesión. Según Gil Domínguez, el exsenador tendría que demostrar un perjuicio directo ocasionado por la supuesta irregularidad, ya que “no es viable la nulidad por la nulidad misma”.
Un desafío para la gobernabilidad
En su primer año de gestión, Milei ha privilegiado los decretos de necesidad y urgencia, dejando en segundo plano el rol del Congreso. Esta estrategia, sumada al reciente choque con Villarruel, evidencia tensiones internas que podrían complicar la gobernabilidad del Ejecutivo libertario.
El conflicto pone de manifiesto no solo desajustes administrativos, sino también un trasfondo político en el que la lucha por el control del oficialismo amenaza con debilitar la imagen de un gobierno que prometió eficiencia y cambio. Si la relación entre Milei y Villarruel sigue deteriorándose, este episodio podría marcar el inicio de una fractura mayor dentro del espacio libertario.
