Las fábricas Australtex y Fabrisur, claves en la industria textil fueguina, podrían perder los beneficios de la Ley 19.640 por una supuesta falta de cumplimiento en la documentación presentada. La situación desata rumores sobre influencias políticas y un posible “lobby” desde el norte del país, lo que ha encendido las alarmas en el sector.
La industria textil de Tierra del Fuego atraviesa un momento de gran incertidumbre tras el anuncio de que dos importantes fábricas, Australtex y Fabrisur, podrían perder los beneficios fiscales otorgados por la Ley 19.640, una normativa clave para el desarrollo industrial en la isla. Roberto López, de la Asociación Obrera Textil, manifestó por FM La Isla su sorpresa y preocupación ante esta medida, mientras se espera la resolución final por parte de la Secretaría de Comercio.
En una reciente reunión por Zoom, en la que estuvo presente el máximo responsable de la industria, Sebastián Cardini, se confirmó que tanto Australtex como Fabrisur, junto con otras fábricas, quedaban fuera de los beneficios. Esta decisión, según López, fue un golpe inesperado, dado que ambas empresas han invertido considerablemente en sus instalaciones y mantienen operaciones importantes en el sector. “Nos cayó como un balde de agua fría”, afirmó López, quien también mencionó que las empresas tienen ahora un plazo de 20 días para demostrar su cumplimiento antes de que las sanciones se tornen definitivas.
El conflicto no solo afecta a estas dos fábricas. Otras compañías, como Textil Río Grande, también han sido parte del escrutinio. Sin embargo, a diferencia de Australtex y Fabrisur, Textil Río Grande, que actualmente enfrenta un concurso de acreedores y ha cerrado temporalmente sus operaciones, mantuvo los beneficios de la Ley 19.640. Esto ha generado una oleada de especulaciones y desconfianza dentro del sector, ya que muchas voces indican que no se está midiendo a todas las empresas con la misma vara.
Documentación insuficiente y acusaciones cruzadas
La principal causa señalada por la Secretaría de Comercio para justificar la suspensión de beneficios es que tanto Australtex como Fabrisur no habrían presentado la documentación requerida en tiempo y forma. No obstante, desde las empresas afectadas se defienden afirmando que cumplieron con todos los plazos y requisitos estipulados, aunque admiten que podría haber confusiones respecto a los tiempos de entrega o detalles administrativos menores. “Vamos a volver a presentar toda la documentación para cumplir con lo que exige la industria nacional. Sabemos que hicimos las cosas bien”, comentó uno de los representantes de Australtex, según López.
El panorama se complica por las múltiples versiones que circulan en torno a la causa real de las sanciones. Algunos sectores apuntan a Juan Paso, subsecretario económico del Ministerio de Industria, como uno de los responsables detrás de estas decisiones, acusándolo de estar vinculado a intereses empresariales del norte del país. Específicamente, Paso tendría conexiones con la Fundación Fundar y otras organizaciones asociadas al sector textil en provincias como San Luis, Catamarca y La Rioja, zonas donde también operan empresas textiles que históricamente han sido rivales de las fábricas fueguinas.
Según López, el gremio textil de la región sostiene que estas decisiones podrían estar motivadas por un “lobby” de empresarios del norte que no desean que las textiles de Tierra del Fuego prosperen. “Allá no nos quieren, nunca lo han hecho. Siempre ha habido tensiones con los grandes empresarios del norte. Esto puede ser parte de un plan para reducir las fábricas de la isla”, sostuvo.
El rol del gremio y las posibles acciones judiciales
En este contexto, el gremio nacional de textiles, liderado por Hugo Benítez, ha comenzado a tomar cartas en el asunto. Según López, ya se han establecido contactos con el gobierno y se está evaluando la situación para ver cómo se puede intervenir. “Esto pasó muy rápido. No nos esperábamos que Australtex y Fabrisur quedaran afuera de los beneficios. El gremio está actuando para tratar de revertir la situación”, declaró López.
Si bien el objetivo es evitar que las empresas judicialicen el conflicto, muchos creen que, de no haber una solución pronta, no quedará otra opción. “Las empresas están decididas a ir a la justicia si no se levanta la sanción. Es lo que el gobierno quería evitar, pero no hay mucho más que hacer si no se llega a un acuerdo”, comentó López.
La judicialización de la situación ya fue el camino tomado por otras empresas afectadas, como Barpla y Sueño Fueguino, que optaron por este recurso ante la pérdida de beneficios. Sin embargo, Australtex y Fabrisur habían optado por no seguir esa vía hasta el momento, confiando en que la situación podría resolverse administrativamente.
El conflicto ha puesto en alerta no solo a los trabajadores de las fábricas involucradas, sino a todo el sector textil de Tierra del Fuego. Las asambleas se han multiplicado en los últimos días, con el objetivo de informar a los empleados sobre la situación actual y las posibles acciones a tomar. “Estamos en una etapa de espera, explicando a la gente que tenemos que ver qué decide la industria nacional y qué pasos tomará el gobierno provincial”, mencionó López.
A nivel provincial, también ha habido movimientos. Según López, el gobernador y otras autoridades locales, como las ministras Karina Fernández y Sonia Castiglione, de producción y empleo, respectivamente, están al tanto de la situación y buscan establecer contacto con el gobierno nacional para tratar de encontrar una salida. “El gobierno de la provincia se enteró de esto el viernes y ya están movilizándose para ver cómo solucionar el problema”, agregó.
La incertidumbre sobre el futuro de las fábricas, los empleos en juego y la posibilidad de que las sanciones sean irreversibles han generado gran preocupación en la comunidad fueguina. La industria textil ha sido uno de los motores económicos de la región, y la posibilidad de que estas dos importantes fábricas cierren sus puertas o se vean gravemente afectadas genera un clima de tensión y expectativa.
El conflicto que involucra a las fábricas textiles de Tierra del Fuego y las sanciones impuestas por la Secretaría de Comercio parece estar lejos de resolverse. A medida que los plazos avanzan, crecen las dudas sobre si estas sanciones son el resultado de incumplimientos técnicos o si hay intereses políticos y económicos más profundos detrás. Mientras tanto, el sector sigue esperando una respuesta definitiva que permita a las fábricas continuar operando y salvaguardar cientos de empleos en la isla.
