El campo enfrenta riesgos financieros mientras el Gobierno prioriza el ajuste fiscal y una política cambiaria restrictiva
La abrupta caída en los precios internacionales de la soja, la fuerte apreciación del tipo de cambio real y la continuidad de las retenciones han desencadenado una crisis incipiente en el sector agropecuario. Aunque en el pasado el campo optó por accionar directamente contra el gobierno, esta vez las medidas de protesta directa han sido reemplazadas por un discurso que defiende algunas políticas oficiales, como el ajuste fiscal y la emisión cero. Sin embargo, estas mismas medidas están generando contradicciones profundas debido a su impacto negativo en la rentabilidad del sector.
Alarmas financieras en el agro
La semana pasada se encendieron las alarmas con los primeros defaults de deuda en empresas del Grupo Los Grobo, lo que amenaza con desencadenar un efecto dominó en otras compañías. Este episodio evidencia la creciente fragilidad financiera de un sector que, pese a respaldar ciertas consignas de política conservadora, enfrenta serias dificultades para sostener sus negocios.
Según datos de la consultora 1816, el precio internacional de la soja cayó de 500 a 350 dólares por tonelada en los últimos 12 meses, agravando la situación económica de los exportadores. A este desplome se suma el impacto de un tipo de cambio real que cerró el año en niveles históricamente bajos. La combinación de estos factores está dejando a muchos productores al borde de la quiebra.
El campo endurece su postura
Las principales entidades del sector agropecuario han comenzado a elevar el tono de sus reclamos. Lucas Magnano, presidente de Coninagro, alertó sobre los “riesgos de quiebra” que enfrentan los productores debido a la presión fiscal y la caída de los precios. “Venimos de tres años de sequía muy severa, y esta situación afecta gravemente a las cuentas del campo,” declaró. También señaló que el esquema actual de retenciones y el atraso cambiario generan una desventaja competitiva insostenible.
El malestar también se extiende a los empresarios del sector, quienes reclaman al gobierno medidas para aliviar la carga impositiva. Sin embargo, el Ejecutivo no parece dispuesto a modificar las retenciones ni el esquema cambiario, ya que representan más de 4 puntos de la recaudación fiscal.
Un escenario de tensión creciente
El analista Javier Preciado Patiño describió la situación como una “dicotomía compleja”. Por un lado, el gobierno busca mantener la estabilidad inflacionaria y el superávit fiscal, mientras que, por el otro, el agro exige cambios estructurales para garantizar su rentabilidad. “El campo le pide al gobierno que, si no va a devaluar, al menos elimine las retenciones. Pero esta opción no está en la agenda porque podría desestabilizar los precios y afectar los ingresos fiscales,” afirmó.
En paralelo, el gobierno confía en que nuevos flujos de dólares provenientes de sectores como la minería y la energía compensen la situación del agro. Sin embargo, la incertidumbre persiste, y las tensiones entre ambos sectores prometen intensificarse en los próximos meses.
