La máxima instancia judicial estadounidense desestimó el recurso presentado por el país sudamericano, habilitando a un grupo de acreedores a tomar posesión de fondos por 310 millones de dólares. La medida se suma a una reciente derrota judicial en el Reino Unido.
En una decisión que agrava el escenario financiero para la Argentina, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la apelación presentada por el país para evitar un fallo adverso que permite el embargo de activos soberanos valuados en 310 millones de dólares. Estos fondos están depositados en una cuenta del Banco Central en la Reserva Federal de Nueva York y están vinculados a los bonos Brady, emitidos en la década de 1990 y vencidos en marzo de 2023.
El analista financiero Sebastián Maril, de Latin Advisors, explicó que “los acreedores pronto tomarán posesión de USD 310 millones depositados en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York, así como en entidades de Alemania y Suiza. Esta es la segunda derrota judicial de Argentina en tres meses. En octubre, la Corte Suprema del Reino Unido falló en su contra en el caso del Cupón PBI”.
Maril detalló que “los beneficiarios del fallo ahora solicitarán un embargo a la jueza Loretta Preska, quien deberá autorizarlo para presentarlo en las oficinas de la Reserva Federal de Nueva York, Alemania y Suiza. Con esa documentación, podrán tomar posesión de los 310 millones de dólares, aunque esto no cubre el total adeudado, que asciende a unos 450 millones”.
La defensa argentina sostiene que los activos en cuestión son propiedad del Banco Central y no del Estado, lo que debería excluirlos de ser embargados según la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de los Estados Unidos. Además, argumentan que los bonos Brady no pueden considerarse parte de una actividad comercial, un factor clave para garantizar su inmunidad ante embargos.
Un historial de reveses judiciales:
Esta decisión judicial se suma a otro fallo adverso para la Argentina en octubre de 2024, cuando la Corte Suprema británica dictaminó en contra del país en el conocido caso ‘Cupón PBI’, obligando al pago de más de 1.300 millones de euros, incluyendo intereses, a un grupo de bonistas.
Los acreedores que ahora exigen el embargo pertenecen a un grupo de seis holdouts que no habían recibido los pagos correspondientes a una sentencia del juez Thomas Griesa. Al no cumplir Argentina con sus obligaciones, el monto total adeudado alcanzó los 450 millones de dólares.
Repercusiones internacionales:
Según información de especialistas, se habría solicitado el embargo de los bonos Brady que el país mantiene en la Reserva Federal de Nueva York, estimados en unos 250 millones de dólares, y en Basilea, por aproximadamente 58 millones de euros.
La situación plantea un desafió significativo para el Gobierno argentino, que enfrenta dificultades crecientes para gestionar sus obligaciones financieras y mantener su posición frente a los mercados internacionales. La medida también podría afectar la ya frágil relación del país con sus acreedores y el sistema financiero global.
