Tres personas que perdieron miles de dólares tras invertir en la criptomoneda $LIBRA, promovida por un tuit del presidente Javier Milei, vieron rechazada su solicitud para ser reconocidas como víctimas en la causa judicial. La jueza María Servini argumentó que aún no está claro si el desplome del valor de la criptomoneda fue producto de una estafa o de los riesgos propios de la inversión. Mientras tanto, circulan en redes sociales pruebas que podrían ser clave para la investigación liderada por el fiscal Eduardo Taiano.
Criptoestafa en la mira: Inversores exigen justicia mientras la justicia define si hubo maniobra fraudulenta
Tres personas que aseguran haber perdido su inversión en la criptomoneda $LIBRA tras confiar en un tuit del presidente Javier Milei que la promovía, deberán esperar a que la justicia determine si existió una estafa antes de ser reconocidos como víctimas en la causa. La jueza federal María Servini rechazó sus pedidos para ser considerados querellantes, aunque dejó abierta la posibilidad de que la decisión no sea definitiva.
Los afectados, representados por el dirigente social Juan Grabois y su equipo legal, habían invertido en $LIBRA luego de que Milei publicara un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) el 14 de febrero, el cual fue eliminado cuatro horas después. Durante ese breve lapso, la cotización de la criptomoneda experimentó un alza exponencial, pero poco después colapsó, dejando a los pequeños inversores con pérdidas significativas. Uno de ellos perdió casi 8.000 dólares.
En su fallo, la magistrada argumentó que aún no está claro si la caída del valor de $LIBRA fue resultado de una maniobra fraudulenta o simplemente parte de los riesgos inherentes a las inversiones en criptoactivos. “Hasta que no se establezca si se trata de una actividad ilegal o de una consecuencia desfavorable de la inversión, no se puede reconocer a estos individuos como parte querellante”, señaló Servini. Además, exigió que los afectados demuestren fehacientemente que fueron ellos quienes adquirieron la criptomoneda, lo que requerirá un análisis de trazabilidad.
Pruebas clave en redes sociales
Mientras la investigación avanza, en redes sociales y portales digitales circulan numerosas pruebas que podrían ser determinantes para el fiscal Eduardo Taiano, a cargo del expediente que se tramita en los tribunales de Comodoro Py. Entre los materiales que llamaron la atención se encuentra un video de enero pasado en el que Manuel Terrones Godoy, uno de los empresarios investigados, sugiere que la criptomoneda $LIBRA podría tener fines políticos.
En el video, Terrones Godoy, conocido en redes como KmanuS88, afirma que Donald Trump “no será el único presidente ni el único político que tenga su token”, y que este tipo de activos digitales podrían ser utilizados para financiar campañas políticas y ejercer influencia. Estas declaraciones contradicen la versión oficial de que $LIBRA estaba destinada a financiar pequeñas empresas y emprendimientos en Argentina.
Terrones Godoy, un experto en videojuegos y criptomonedas, mantiene vínculos estrechos con el entorno del presidente Milei. Junto con el trader Mauricio Novelli, organizó el evento Tech Forum, donde Milei estableció contactos con empresarios vinculados a la creación de $LIBRA. Además, Terrones Godoy es socio de Sergio Morales, asesor de la Comisión Nacional de Valores, quien también está implicado en el escándalo.
Financiamiento político bajo la lupa
Las declaraciones de Terrones Godoy abren una nueva línea de investigación: la posible utilización de criptomonedas para financiar actividades políticas. En su video, el empresario sugiere que los tokens podrían ser una herramienta para que los políticos eviten depender de fondos estatales, lo que, según él, haría el proceso más transparente. Sin embargo, esta teoría contrasta con las pérdidas millonarias sufridas por los pequeños inversores en el caso de $LIBRA.
La firma KIP Protocol, vinculada al proyecto, emitió un comunicado en el que aclaró que si bien el tema fue mencionado, no se había establecido nada concreto al respecto. No obstante, el fiscal Taiano ha solicitado información sobre las regulaciones del mercado de criptomonedas, un ámbito que en Argentina carece de un marco legal claro.
Cuestionamientos a la investigación interna
En medio de la polémica, el gobierno creó una “Unidad Transitoria de Investigación” (UTI) para recopilar información sobre el caso. Sin embargo, la designación de María Florencia Zicavo, jefa de gabinete del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, al frente de la UTI ha generado críticas. Organismos como el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) denunciaron que esta decisión genera un conflicto de intereses, ya que Zicavo depende directamente de un presidente implicado en la causa.
El CIPCE advirtió que la injerencia del Poder Ejecutivo en la investigación “genera un riesgo directo de encubrimiento e impunidad”. Además, recordó que las tareas asignadas a la UTI son competencia exclusiva del Ministerio Público Fiscal, un órgano autónomo que debe garantizar la independencia y objetividad en casos de corrupción.
Mientras tanto, los inversores afectados esperan que la justicia avance en la investigación para determinar si fueron víctimas de una estafa o simplemente de los vaivenes del volátil mercado de las criptomonedas. Por ahora, la puerta para apelar la decisión de la jueza Servini sigue abierta, pero el camino hacia la justicia parece estar lleno de obstáculos.
