Tras el fallo judicial que ordena la construcción de un nuevo establecimiento penitenciario ante la superpoblación carcelaria en Tierra del Fuego, el Vicejefe de Gabinete, Jorge Canals, destacó la necesidad de soluciones inmediatas y de largo plazo, como nuevas unidades de detención, mientras evalúan alternativas paliativas que incluyen al sector privado.
La situación penitenciaria en Tierra del Fuego está en el centro de debate político y judicial ante la creciente necesidad de infraestructura que permita aliviar la superpoblación en los centros de detención de Ushuaia y Río Grande. En diálogo con FM La Isla, el Vicejefe de Gabinete de la Provincia, Jorge Canals, abordó la problemática tras un fallo que ordenó dar una solución al problema de hacinamiento que viven los presos de la provincia y posibles soluciones para un sistema carcelario que, según el funcionario, enfrenta “una problemática de envergadura nacional y mundial”, relacionada con la escasez de recursos estatales .
Canals habló acerca del fallo del juez Isidoro López, quien instó al Poder Ejecutivo a tomar medidas para mejorar las condiciones en las cárceles de la provincia. Según explicó, el fallo surgió a raíz de un amparo presentado por el legislador Pablo Villegas, y representa “una radiografía de una realidad compleja”, en la que la falta de recursos suficientes para infraestructura carcelaria se ve agravada por el incremento de la población penitenciaria.
Como respuesta inicial a la saturación de las cárceles, Canals confirmó que el gobierno adjudicó la adquisición de materiales necesarios para finalizar el “anexo 4” en Ushuaia, un espacio adicional que, una vez terminado, permitirá el traslado de 25 reclusos desde la actual alcaldía. , aliviando parcialmente la sobrecarga en dicha instalación. A esta iniciativa se suma el trabajo en la ciudad de Río Grande para acondicionar un “anexo 2” que, en palabras de Canals, incluya nuevas calderas, cambio de redes cloacales, un sistema de videovigilancia, y otras adecuaciones que permitirán el traslado de 60 detenidos más, lo que sumaría un total de 85 nuevos espacios carcelarios entre ambas ciudades.
El Vicejefe de Gabinete explicó que esta solución es paliativa y responde a las limitaciones del presupuesto provincial, que dificulta la construcción de una nueva cárcel. Según el funcionario, el costo de un proyecto de esta envergadura oscilaría entre los 20 y 25 millones de dólares, un monto actualmente inviable dada la necesidad de priorizar otros sectores críticos, como salud y educación. “La realidad hoy nos marca que tenemos que estar acompañando a los que menos tienen, a aquellos que se están quedando sin trabajo y familias que no llegan a cubrir sus necesidades básicas”, expresó.
Ante las limitaciones financieras del Estado, Canals mencionó la posibilidad de que el sector privado participe en el financiamiento y desarrollo de nuevas instalaciones a través de un esquema de colaboración público-privada. “Podría aparecer un privado que, a cambio de la cesión de una alcaldía y la jefatura de policía en el centro de Ushuaia, desarrolle un proyecto turístico o un hotel en esa área”, explicó. Esta opción, señaló, se ha implementado exitosamente en otras ciudades y permitiría liberar recursos estatales para la construcción de un nuevo centro penitenciario en una ubicación más adecuada.
Esta propuesta de involucrar al sector privado se fundamenta en una legislación reciente, que habilita el desarrollo de iniciativas privadas en infraestructura pública. Canals reconoció que el traslado de la alcaldía y la jefatura de policía del centro de Ushuaia podrían ser una solución factible y “lógica” dado el desarrollo urbano en esa zona. Sin embargo, admitió que aún no hay propuestas formales y que el proyecto dependerá de una reglamentación específica para asegurar los intereses de ambas partes.
Más allá de la infraestructura, Canals hizo hincapié en la responsabilidad compartida de los tres poderes del Estado en la búsqueda de soluciones a largo plazo para el sistema penitenciario. Además de las medidas urgentes para aliviar la superpoblación, destacó que se necesitan soluciones interdisciplinarias para gestionar un incremento de la población carcelaria que se ha visto acelerado en los últimos años. Esta tendencia responde tanto al endurecimiento de penas en delitos intrafamiliares —el tipo de delito más común entre los reclusos de la provincia— como al aumento de detenciones en general.
Por otro lado, la disposición judicial reciente también sugiere evitar el uso de la privación de libertad en casos donde las circunstancias permitan medidas alternativas, un planteo que fue evaluado por el gobierno. “La idea es seguir apostando a las soluciones de mediación que puedan evitar detenciones innecesarias”, explicó Canals, refiriéndose a la creciente coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial para implementar alternativas.
El debate sobre una solución definitiva, que incluya la construcción de una cárcel de mayores dimensiones y la participación del sector privado, sigue en evaluación. Mientras tanto, las soluciones inmediatas avanzan, aunque enfrentan desafíos logísticos y presupuestarios, como las licitaciones y adjudicaciones demoradas, que han sido afectadas por ajustes de presupuesto y falta de oferentes. Canals afirmó que las administraciones actuales buscan sentar las bases para una reforma que permita abordar tanto la superpoblación como las condiciones de los centros de detención en la Provincia.
