En declaraciones a FM La Isla, La legisladora de Juntos por el Cambio, Liliana Martínez Allende, habló sobre la problemática de la empresa Australtex, que sufrió el incendio de una de sus plantas días atrás y se refirió a proyecto de ley de protección a pacientes oncopediátricos. Además, habló sobre la provincialización de Tierra del Fuego y la cuestión de los atrasos en la transferencia de los fondos de coparticipación a los municipios.
En ese sentido, la legisladora señaló que el incendio de Austratex «fue una situación muy triste y que preocupa por todos los trabajadores» pero sobre todo por 40 contratados que se quedarían sin trabajo. Sin perjuicio de ello, sostuvo que la fábrica pudo rescatar 40 máquinas en buen estado más 12 que todavía no estaban dispuestas en la planta y bastante materia prima, por lo que el principal problema que enfrenta la empresa es el espacio físico para producir.
Preguntada por la posibilidad de que se genere algún beneficio para que la empresa retome su producción cuanto antes, sostuvo que no está definido aún y para ello deben revisar cuáles son las coberturas de seguros que tiene la empresa para luego analizar una herramienta legislativa. No obstante, afirmó que se va a dar apoyo mediante el programa PROGRESO, a través del Banco de Tierra del Fuego. Asimismo, dijo que tanto el Gobierno de la Provincia como el Municipio de Río Grande manifestaron su interés en colaborar con la situación, con lo que esperan poder asistir por algunos meses a los trabajadores hasta que se retome la producción.
En otro orden de ideas, la legisladora se refirió al proyecto de ley para amparar a pacientes oncopediátricos que se discute actualmente en el seno de la comisión de salud. Sobre ello, señaló que “es un muy buen proyecto, nosotros vamos a acompañar y la verdad que es un buen plan de protección para garantizar un tratamiento integral y adecuado al paciente oncológico y también acompañar las tareas de cuidado y al grupo familiar”. En ese sentido, afirmó que el proyecto prevé la creación de un registro único de pacientes oncopediátricos y la cobertura total de las prestaciones necesarias que, según expresó, ya están cubiertas por la obra social estatal.
“Nosotros les comentamos a las mamás que nosotros podemos garantizar las coberturas tanto por el Estado Provincial como por la OSEF, pero no así con las otras obras sociales, es necesario que se hable con nuestros representantes nacionales para que la ley que está en diputados en este momento salga, para que sea contemplado por todas las obras sociales”, dijo Allende y explicó que la legislatura provincial no puede legislar sobre las obras sociales que funcionan a nivel nacional.
Por otra parte, la legisladora se refirió a la provincialización de Tierra del Fuego, ante un nuevo aniversario de la sanción de la ley 23.775, el 26 de abril 1990. Al respecto, dijo que si bien no participaron políticamente de la gesta (junto a su esposo Luis Vernet, actual presidente de la UCR) si lo hicieron como vecinos e integrantes de la Unión Cívica Radical, manifestando que siente un gran orgullo por todo lo que ha crecido nuestra provincia.
No obstante, expresó su preocupación por la situación de incertidumbre sobre la ampliación del subrégimen industrial de la ley 19.640. “Eso te tira para atrás la alegría de una provincia que viene avanzando”, expresó y agregó esa falta de previsibilidad es un escollo para contemplar a Tierra del Fuego desde el punto de vista geoestratégico.
“Somos una provincia joven, tenemos muchos desafíos por delante, pero necesitamos más para seguir creciendo y poder abarcar a toda la gente”, señaló.
Aparte, se refirió a la pelea mediática entre Gobierno y Municipios por los retrasos en la transferencia de fondos de coparticipación a las localidades y la posibilidad de que la legislatura intervenga para ordenar la situación. Al respecto, señaló que hay una herramienta que podría darle una solución a los municipios pero afectaría a la Provincia, refiriéndose a una ley de goteo. Además, dijo que es algo que no se tiene que dirimir en la justicia, aunque reconoció que hace falta una certeza. “Tienen que sentarse a dialogar”, enfatizó.
“Si es como dice el Gobierno, que el atraso que tiene es de 20 días, uno diría que los municipios podrían ser más pacientes pero si es como dicen los municipios, que están debiéndoles muchísimo dinero y con más de 90 días de atraso, ya la situación es otra” señaló y recordó que la legislatura dio por finalizado el mandato de Jorge Colazo por la misma cuestión.
“Hay que mediar en este conflicto, siempre estamos de acuerdo con trabajar, sentarnos para poderlo hacer, pero si tuviésemos un mensaje claro sería mucho más fácil” agregó y sostuvo que la única forma sería un goteo diario, aunque reparó en que ello sería un desfinanciamiento para la Provincia.
