La Casa Rosada no perdona los errores estratégicos: el caso Rodolfo Barra
En una decisión que marca un punto de inflexión en la gestión presidencial, Javier Milei decidió apartar a Rodolfo Barra de su cargo como Procurador del Tesoro. La medida se adoptó luego de que su dependencia emitiera un dictamen considerado insuficiente en la defensa de un caso presentado por una empleada pública, sumado a cuestionamientos por su prolongada estadía fuera del país durante 2024. Desde la Casa Rosada enfatizaron la necesidad de un alineamiento total con las políticas libertarias.
La destitución de Barra se decidió el jueves por la tarde, pasada las 17:30. En un principio, se contemplaba esperar a que el lunes Barra asistiera a una reunión con Santiago Caputo, asesor presidencial y hombre clave en el área judicial. Sin embargo, Milei optó por actuar de inmediato y lo desplazó antes de su regreso a Buenos Aires.
Barra, un jurista con una trayectoria emblemática que incluye cargos destacados durante el menemismo, nunca llegó a establecer una conexión directa con el Presidente. Su nombramiento había sido respaldado por equipos vinculados a Nicolás Posse, exjefe de Gabinete destituido previamente en términos conflictivos.
Causas del reemplazo
Fuentes gubernamentales destacaron dos factores determinantes en la decisión. El primero, un dictamen firmado por la Procuración del Tesoro en el marco de un reclamo de una empleada pública que impugnó la suspensión de un incentivo salarial. Este dictamen, aunque justificó las acciones del Gobierno, fue considerado poco concluyente al mencionar el carácter remunerativo del incentivo.
El segundo motivo apuntó a la escasa presencia de Barra en el país, quien habría realizado más de 20 viajes a Punta del Este durante 2024. Además, algunos señalaron que el exfuncionario tenía domicilio en Uruguay, donde reside su esposa.
El dictamen que desencadenó la crisis
El documento que provocó el malestar presidencial no fue firmado por Barra, sino por el subprocurador Marcos Serrano. Este dictamen, emitido a pedido del Ministerio de Justicia, abordó el caso de una empleada que denunció la violación de la intangibilidad de su salario tras una reducción del 50%. Aunque Serrano defendió la resolución del Ministerio y criticó irregularidades en el sistema de pagos gestionado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), también mencionó la jurisprudencia que reconoce el carácter remunerativo del incentivo, lo que incomodó a Balcarce 50.
Los reemplazos en evaluación
Para ocupar el cargo vacante, surgieron nombres como el de Ricardo Manuel Rojas, exsecretario letrado de la Corte Suprema, y otros perfiles destacados como Carlos Laplacette y Santiago Castro Videla, ambos con sólida formación en Derecho Administrativo y experiencia en estudios jurídicos de prestigio.
Contexto político y desafíos
Esta decisión se suma a una serie de movimientos estratégicos del Ejecutivo para consolidar una gestión alineada con los valores libertarios. La semana pasada, Ignacio Yacobucci, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), también fue desplazado tras resistirse a directivas sobre la estrategia en causas de corrupción. Ambos casos reflejan la postura intransigente del Presidente ante quienes no demuestran una adhesión absoluta a las directrices oficiales.
Con la salida de Barra, el Gobierno busca garantizar que la Procuración del Tesoro opere como un brazo eficiente y totalmente sincronizado con los objetivos del Poder Ejecutivo. La figura que lo suceda tendrá la tarea de gestionar una institución clave para enfrentar las batallas judiciales y reforzar la visión jurídica del gobierno libertario.
