El Gobierno de Javier Milei difundió este lunes una acusación contra el kirchnerismo por presuntamente haber armado una red de protección a empresas vinculadas al peronismo. Sin embargo, investigaciones previas y pruebas documentadas refutan esta versión y apuntan a una persecución política bajo el mandato de Mauricio Macri.
Un giro mediático con evidentes contradicciones.
Este lunes, el Gobierno de Javier Milei desató una sorprendente operación mediática con el fin de instalar la teoría de que en 2016, el kirchnerismo habría creado una red de protección dentro de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) para beneficiar a 50 empresas asociadas. a dirigentes y empresarios supuestamente cercanos al peronismo. Según las versiones filtradas por la Casa Rosada, este grupo de empresas contaba con favores y exenciones que les permitieron operar sin los debidos controles fiscales.
No obstante, los hechos desmienten esta acusación. En 2016, el poder en la AFIP estaba bajo el control del macrismo, con el gobierno de Mauricio Macri al mando del país. La afirmación de que el kirchnerismo había tejido una red de protección se desvanece, pues fue durante ese período cuando, en realidad, el macrismo elaboró una lista de empresas a las que debía perseguir y, en muchos casos, destruir. Esta versión se alinea con lo que Página/12 había denunciado previamente, en diciembre de 2020, cuando reveló una trama de persecución fiscal sistemática dirigida hacia figuras del kirchnerismo.
Persecución política: la verdadera historia
En su denuncia ante la justicia, las autoridades de la AFIP durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont revelaron que el macrismo había implementado una persecución organizada contra Cristina Fernández de Kirchner, su familia y otros empresarios afines, con el objetivo de llevar adelante un “ hostigamiento fiscal” . Se descubrió que, bajo el gobierno de Macri, se habían armado equipos especiales denominados “grupos de tareas” para ingresar de manera irregular al sistema informático de la AFIP, confeccionar carpetas y crear expedientes falsos contra los investigados.
¿Protección o persecución?
La operación iniciada ayer por el Gobierno de Milei menciona a un grupo de empresas, como Oil Combustibles, Electroingeniería, los hoteles Hotesur y Los Sauces de la familia Kirchner, la imprenta Ciccone y otras constructoras asociadas a Lázaro Báez . Según la versión oficial de la Casa Rosada, estas empresas habrían sido protegidas por una red de la AFIP creada en 2016. Sin embargo, los hechos ocurridos en ese período no respaldan esta afirmación.
De acuerdo con los registros oficiales, durante 2020 se realizaron dos auditorías sobre la actuación de la AFIP durante el mandato de Macri. La investigación reveló que los directores de la agencia recaudadora en ese entonces, Alberto Abad y Leandro Cuccioli , ambos cercanos al PRO, llevaron a cabo una gestión dirigida a perseguir a aquellos grupos y empresarios vinculados al kirchnerismo, no a protegerlos.
Los informes de la Auditoría: evidencias claras de manipulación
El informe de la Auditoría del 2020 fue devastador y desarrolló con claridad las irregularidades ocurridas bajo el macrismo. Entre las conclusiones más significativas se encuentran:
- Violación de la neutralidad de la AFIP : Los funcionarios no respetaron la obligación de actuar con imparcialidad y buena fe, discriminando a determinados contribuyentes por su vinculación política.
- Notificación irregular : Se vulneró el derecho al debido proceso al no notificar a los contribuyentes investigados. Por ejemplo, en el caso de la familia Kirchner, no se enviaron las notificaciones a sus domicilios correctos, lo que evidencia una intención de actuar clandestinamente.
- Manipulación de datos y violación del secreto fiscal : Se ingresó de forma irregular al sistema de la AFIP, alterando información y violando el principio de confidencialidad fiscal.
- Equipos especiales para la persecución : Se establecieron equipos alineados con la agenda del macrismo para llevar a cabo una caza sistemática contra ciertos sectores, llamándolos “grupos de tareas”, en referencia a las prácticas represivas de la dictadura militar de 1976.
La mesa judicial y la AFIP como herramienta de persecución
Además de las irregularidades detectadas en la gestión de la AFIP, se ha documentado que la denominada mesa judicial en la Casa Rosada utilizó la agencia de recaudación como un instrumento de persecución. De manera similar, la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y sectores de la justicia federal, particularmente en Comodoro Py, fueron parte de esta maquinaria que fabricó causas y acusación contra quienes consideraban opositores.
La verdad detrás de la red de protección
Es evidente que el listado de empresas que el Gobierno de Milei ha revelado no tiene nada que ver con una red de protección, sino con una lista de víctimas de una persecución orquestada durante la administración macrista. Esta estrategia de hostigamiento llevó incluso a varios empresarios a ser detenidos en el penal de Ezeiza. Además, la referencia a que “la protección continuó” durante el gobierno de Alberto Fernández cae por su propio peso, pues muchas de las empresas mencionadas fueron intervenidas judicialmente y estaban en proceso de judicialización.
Conclusión
El relato que ha surgido este lunes desde la Casa Rosada está plagado de contradicciones y falta de fundamentos sólidos. Las pruebas documentadas y las denuncias previas apuntan a que, en 2016, fue el macrismo quien utilizó la AFIP para llevar adelante una feroz persecución política, no una red de protección. Al exponer estos hechos, el Gobierno de Milei busca redirigir la atención y posicionar un relato que, sin embargo, no resiste el análisis más mínimo.
