El funcionario destacó la aprobación de una ley de emergencia en seguridad que permitirá modernizar el sistema, afrontar problemáticas emergentes como la delincuencia digital y la ludopatía e invertir en infraestructura penitenciaria y policial. La iniciativa busca un enfoque integral y colaborativo entre el sector público y privado.
El ministro y vicejefe de gabinete de la Provincia, Jorge Canals, habló por FM La Isla tras haberse puesto en el centro del debate la emergencia para la seguridad pública en Tierra del Fuego. Canales explicó los detalles de la Ley de Emergencia en Seguridad, un marco legislativo que marcaría un antes y un después en la infraestructura, operatividad y efectividad de las fuerzas de seguridad de la provincia.
Canals destacó que el proyecto original, impulsado por el legislador Pablo Villegas en 2019, ha evolucionado significativamente. De una propuesta centrada exclusivamente en el servicio penitenciario, la nueva ley expande la emergencia a todo el sistema de seguridad, reconociendo la necesidad de actuar con celeridad frente a los desafíos de un área compleja y de alto costo, en la que los procedimientos administrativos suelen retrasar la implementación de políticas públicas efectivas.
“La emergencia nos permitirá actuar más rápido, especialmente en áreas donde las compras y los procesos administrativos, muchas veces atados a la moneda internacional, complican la ejecución”, explicó Canals. El proyecto, que ya cuenta con una inversión asegurada de 4.000 millones de pesos provenientes del Tesoro provincial, también contempla un endeudamiento adicional de 10.000 millones de pesos, destinado a financiar proyectos clave como la renovación y expansión de la infraestructura de seguridad.
Una de las inquietudes planteadas fue la dificultad que en ocasiones ha tenido el gobierno provincial para acceder a financiamiento externo. Canals abordó este punto, destacando que, aunque los montos involucrados son relativamente bajos (unos 10 millones de dólares), existen alternativas de financiamiento que incluyen la emisión de letras provinciales y la posibilidad de gestionar recursos tanto a nivel nacional como internacional.
En este sentido, mencionó las gestiones que se han venido realizando con organismos internacionales y embajadas, especialmente en relación con la mejora del servicio penitenciario. “Estamos explorando la posibilidad de colaboración con entidades que tienen una larga trayectoria en la gestión de servicios penitenciarios, como las de Estados Unidos, y otras iniciativas privadas que podrían contribuir a reducir costos y mejorar la infraestructura”, explicó Canals.
El ministro también resaltó la posibilidad de integrar iniciativas público-privadas para la construcción de nuevas unidades penitenciarias, como lo establece la ley recientemente aprobada. Aunque aseguró que no se trata de privatizar las cárceles ni de ceder la gestión de los servicios de seguridad a privados, sí se busca que el sector privado pueda colaborar en la construcción de infraestructuras, lo que permitiría al Estado reducir costos operativos.
“Es un enfoque que está funcionando en muchos países, como Brasil y Estados Unidos, donde el sector privado se encarga de la construcción y algunas operaciones de los centros penitenciarios. Nosotros estamos explorando modelos que puedan ajustarse a la realidad de nuestra provincia”, comentó.
Uno de los componentes más importantes de la ley de emergencia es la implementación de tecnología avanzada en seguridad. En este sentido, Canals destacó el avance de la provincia en materia de videovigilancia. “Ya hemos iniciado la obra civil para la instalación de un sistema de videovigilancia más moderno en Río Grande, con el objetivo de ampliar el número de cámaras y mejorar los controles en los accesos a las ciudades”, señaló.
Además, se contempla la instalación de un sistema de anillo de seguridad, con tótems y lectores de patente en puntos estratégicos de la provincia, que permitirá una vigilancia más eficiente y la integración de bases de datos a nivel provincial y nacional. Según el ministro, esta medida optimizará los recursos humanos disponibles, permitiendo que el personal de seguridad se enfoque en tareas más específicas, mientras que la tecnología se encargará del control preventivo.
Canals también hizo referencia a los nuevos desafíos que enfrenta la sociedad en materia de seguridad, como el crecimiento de delitos informáticos, la ludopatía entre los jóvenes y el consumo excesivo de alcohol. Para abordar estos problemas, se está trabajando en programas de prevención y capacitación para las fuerzas de seguridad, y en estrategias para involucrar a otros actores sociales, como el Poder Judicial y las empresas de telecomunicaciones, en la solución de estos fenómenos.
“La lucha contra el crimen debe ser integral. No basta con resolver los delitos, también tenemos que abordar las conductas que los generan”, afirmó Canals. Además, resaltó la importancia de adaptarse a los avances tecnológicos, ya que, según él, el ritmo del desarrollo tecnológico supera con creces las respuestas que puede ofrecer el Estado en materia de control.
En cuanto a la aplicación de la ley de emergencia, Canals expresó su confianza en que la legislación traerá cambios significativos en el corto y mediano plazo. “Esta herramienta nos da la oportunidad de abordar los problemas con recursos específicos y de manera más ágil, pero también nos pone una gran responsabilidad sobre los hombros. Debemos cumplir con las expectativas de la legislatura y de los ciudadanos, y trabajar de manera mancomunada para lograr una solución definitiva”, concluyó.
De este modo, el gobierno provincial está avanzando con firmeza hacia una reforma integral de la seguridad pública, apostando a la inversión, la innovación tecnológica y la colaboración público-privada para garantizar un futuro más seguro para Tierra del Fuego.
