Preocupación por la salud de jubilados y veteranos tras recortes en medicamentos que realizó el Gobierno de Javier Milei.
Ernesto Alonso, Secretario de Derechos Humanos del SESIM de La Plata, alertó sobre las consecuencias del ajuste presupuestario en el PAMI que afecta la cobertura de medicamentos al 100%. La situación ha generado malestar entre jubilados y veteranos de Malvinas, quienes denuncian una vulneración de derechos adquiridos y desinformación sobre los cambios.
En una entrevista reciente, Ernesto Alonso, Secretario de Derechos Humanos del SESIM (Sindicato de Empleados de Servicios de Informática y Medicina) de La Plata, brindó un análisis detallado sobre las repercusiones del ajuste implementado por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. (PAMI). Según Alonso, el impacto del recorte en la cobertura del 100% de medicamentos afecta gravemente a jubilados y pensionados, entre ellos los veteranos de la Guerra de Malvinas, quienes históricamente han sido considerados un sector protegido por legislaciones específicas.
Una realidad que desmiente anuncios oficiales.
A pesar de las declaraciones públicas de que los excombatientes quedarían exentos de estos recortes, la realidad en farmacias muestra otra cara. “Fuimos a verificar y los veteranos tampoco tienen cobertura al 100%. Esto contradice lo anunciado”, denunció Alonso. Según explicó, los medicamentos esenciales, tratamientos incluidos para la hipertensión, diabetes y patologías prevalentes, han sido eliminados del vademécum, lo que obliga a muchos a costear tratamientos que antes eran gratuitos.
Entre los recortes, destacó la eliminación de medicamentos como ibuprofeno, omeprazol y otros utilizados en enfermedades crónicas y condiciones específicas derivadas de las secuelas físicas y psicológicas de la guerra. “Esto no solo es un ajuste brutal, sino una vulneración flagrante del derecho a la salud, un derecho humano fundamental”, afirmó el dirigente.
Ante la gravedad de la situación, el SESIM presentó una carta documento al director ejecutivo de PAMI, exigiendo que en un plazo de 12 horas se restablezcan los beneficios establecidos por la Resolución 191/2005. Esta normativa, creada durante el gobierno de Néstor Kirchner, instituyó un programa especial para la atención integral de los veteranos y sus familias, cubriendo patologías derivadas de la experiencia belica.
“Si no obtenemos respuesta, iniciaremos acciones legales por violación de derechos humanos. Estamos documentando los casos de compañeros que fueron a la farmacia y ya no reciben la cobertura que tenían hasta hace un mes”, explicó Alonso, quien además anunció que se están organizando movilizaciones a nivel nacional.
Para Alonso, este ajuste no es un caso aislado, sino parte de una política de recortes que golpea a los sectores más vulnerables. “Lo que está haciendo el Gobierno Nacional con los jubilados y pensionados es indignante. Estamos hablando de personas que viven con una jubilación paupérrima y que ahora deben pagar medicamentos que antes eran gratuitos. Esto no es solo un ajuste, es un genocidio social”, sentencia.
Corrupción y manejo ineficiente de recursos.
Alonso también denunció irregularidades en la administración de los fondos de PAMI, señalando que el organismo compra medicamentos “a precio de lista”, en lugar de negociar precios más bajos por volumen. “Esto beneficia a unos pocos mientras miles de jubilados y veteranos sufren las consecuencias. Es urgente que se investigue la corrupción en el sector de la salud”, afirmó.
Las organizaciones de excombatientes están convocando a marchas y foros para visibilizar la problemática. Una de las primeras manifestaciones se realizará en la agencia de PAMI en Berisso. “No podemos quedarnos de brazos cruzados. Los jubilados están muy solos en esta lucha, y es nuestra responsabilidad acompañarlos y exigir que se respeten sus derechos”, concluyó Alonso.
El dirigente también cuestionó la falta de concretas por parte de sectores del gobierno que históricamente han reivindicado la causa de los veteranos. “Es hora de que quienes dicen defender los derechos sociales actúen en consecuencia. No podemos permitir que la salud y la dignidad de nuestros mayores y veteranos sean moneda de cambio en una crisis que no generaron”, manifestó.
La próxima semana será clave para definir el rumbo de este conflicto, mientras los afectados siguen luchando por recuperar lo que consideran un derecho adquirido e inalienable: el acceso a la salud.
