En los últimos días, se reavivó la discusión sobre el presupuesto provincial, en un contexto en el que los municipios esperan el presupuesto provincial para poder elaborar sus propios planes financieros. Este proceso recurrente se ha vuelto especialmente tenso este año debido a un controvertido artículo en el proyecto provincial que impica recortes por cerca de 5milmillones de pesos a los gobiernos de Río Grande y Ushuaia. Martín Pérez, intendente de Río Grande, se manifestó enérgicamente en declaracfiones a FM La Isla en contra de lo que considera un “recorte liso y llano” de los fondos municipales, afectando los recursos para sostener los servicios de su ciudad.
El foco del conflicto gira en torno al artículo 23 del presupuesto provincial, que según el Ministro de Economía de la provincia, sería una “invitación a llevar adelante obras en conjunto” entre el Gobierno provincial y los municipios. Sin embargo, Pérez rechazó esta interpretación, calificándola como un recorte injusto que impactará gravemente a Río Grande. Se estima que este recorte significaría una pérdida de 5.000 millones de pesos para los municipios, de los cuales aproximadamente 3.000 millones corresponderían a Río Grande.
El intendente destacó que estos fondos serían gestionados por el Gobierno provincial para realizar obras que son de su propia jurisdicción, mientras que el municipio debe encargarse de sus propios proyectos, como la remediación de calles, el bacheo y la pavimentación, entre otros. Según el intendente las arcas municipales ya están comprometidas debido a la situación económica, por lo que considera urgente que los legisladores provinciales analicen y revisen esta decisión.
Un diálogo insuficiente y la falta de apoyo
Pérez reconoció que, aunque existe un diálogo entre su equipo económico y el ministro de economía provincial, no hubo una comunicación previa para discutir este recorte antes de la presentación del presupuesto. La relación cercana en términos de diálogo con el Ministro no ha sido suficiente para evitar la sorpresa del artículo 23 y su potencial impacto negativo. El intendente subrayó que, a diferencia de otras ciudades, Río Grande no recibe ningún tipo de asistencia del Gobierno Nacional o Provincial para llevar adelante sus planes de obra.
“Lo que estamos observando es una situación particular en Río Grande. No estamos recibiendo un solo peso del Gobierno provincial para hacer obras”, afirmó Pérez, y añadió que sumar un recorte a esta situación podría resultar “excesivo”, dada la gravedad de la crisis económica y social que afecta a la ciudad.
Presupuesto en crisis y la responsabilidad municipal
La presentación del presupuesto municipal también se verá afectada por la inflación proyectada por el Gobierno Nacional, que ronda el 18%. Esto obligará a Río Grande a reajustar su presupuesto, originalmente calculado con una pauta inflacionaria mayor. Sin embargo, la principal preocupación es la merma de recursos, que afectará no solo al municipio, sino también al Consejo Deliberante y otros poderes locales.
La falta de fondos externos ha llevado a Río Grande a asumir proyectos con recursos propios, como la instalación de redes de gas en barrios informales y la entrega de más de 350 lotes con servicios completos. Pérez resaltó que su administración ha logrado realizar obras esenciales con fondos municipales y que no necesita depender de un fondo provincial para cumplir con las demandas locales.
La situación social: una urgencia que no admite recortes
En cuanto a la relación entre el municipio y el Gobierno Provincial, Pérez hizo hincapié en la urgencia social que vive Río Grande. “La situación social es terriblemente compleja, la del empleo, las facturas de gas, es alarmante”, afirmó. La falta de empleo y los altos costos del gas están afectando gravemente a las familias, lo que requiere que el municipio se aboque a atender estas necesidades de manera prioritaria.
El intendente dejó claro que, aunque pueda haber diferencias políticas con la administración provincial, la relación institucional debe mantenerse firme para garantizar el bienestar de los vecinos. Sin embargo, señaló que la propuesta del artículo 23 rompe esa relación al despojar a la ciudad de recursos fundamentales.
Hacia una posible solución
A pesar de la tensión, Pérez indicó que su equipo económico está dispuesto a dialogar y presentar sus argumentos en la legislatura provincial. No obstante, mostró su disconformidad con la postura de algunos legisladores, quienes sugirieron invitar a los intendentes para “explicarles cómo son las cosas”, lo que para Pérez denota una falta de respeto.
“Nosotros ya hemos sido claros. No estamos de acuerdo con esta decisión, y vamos a defender los 3.000 millones de pesos que le corresponden a los vecinos y vecinas de la ciudad”, concluyó Pérez, dejando abierta la puerta a futuras discusiones, pero firme en su posición de proteger los recursos de Río Grande.
El presupuesto provincial está en el centro del debate, y el futuro de las obras y la gestión de Río Grande dependerá en gran medida de cómo se resuelva esta controversia. Mientras tanto, la ciudad enfrenta una crisis económica y social que requiere soluciones urgentes y, según Pérez, más que nunca necesita el apoyo del Gobierno para poder seguir adelante.
