El debate sobre la financiación de las universidades vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política. Pablo López Silva, Ministro de Educación de la provincia, manifestó su preocupación ante posibles cambios en la administración de estas instituciones, en un contexto de recortes presupuestarios y desigualdades regionales.
La discusión por la ley de financiamiento universitario ha vuelto al centro del debate político nacional, luego de un tiempo en que parecía haberse diluido frente a otras controversias. Las recientes declaraciones del Presidente de la Nación, Javier Milei, quien sugirió que las provincias podrían asumir la administración y el financiamiento de las universidades que operan en sus territorios, han generado una ola de inquietud entre las autoridades educativas de distintos distritos. En este contexto, Pablo López Silva, Ministro de Educación de Tierra del fuego, ofreció su perspectiva en declaraciones a FM La Isla.
“Esto no nos sorprende, ya que fue parte de la campaña presidencial”, expresó López Silva. Según el ministro, el actual Gobierno ha tomado desde su asunción una serie de medidas que, en su opinión, apuntan a desfinanciar el sistema educativo en su conjunto. Entre estas acciones, mencionó la eliminación del Fondo de Incentivo Docente, una política que antes garantizaba un apoyo financiero crucial para las provincias. “Al quitar ese fondo, las jurisdicciones que podían hacerse cargo lo hicieron, pero otras quedaron sin poder sostener los salarios, creando una desigualdad federal que antes no existía”, explicó López Silva.
La posibilidad de que cada provincia asuma el financiamiento y gestión de las universidades ha generado preocupación en varios distritos, que consideran que una medida de este tipo podría profundizar las desigualdades entre las distintas regiones del país. “Tendremos provincias que podrán sostener una educación de calidad y otras que enfrentarán dificultades para hacerlo, con estudiantes que podrán acceder a la educación superior y otros que no”, advirtió el ministro. Para López Silva, la creación y funcionamiento de las universidades está regulada por leyes nacionales y no debería ser una decisión que el Poder Ejecutivo pueda tomar de manera unilateral. “Espero que los diputados y senadores no apoyen una modificación así, ya que solo unas pocas provincias estarían en condiciones de asumir ese costo y esa responsabilidad”, subrayó.
El ministro también se refirió a la falta de claridad en las intenciones del Gobierno respecto al tema. Si bien, hasta el momento, no ha habido un anuncio oficial, tampoco se han desmentido los rumores sobre una posible transferencia de responsabilidades a las provincias. “La política muchas veces no se expresa, pero cuando el río suena, es porque algo trae”, comentó López Silva, anticipando que esta cuestión será uno de los puntos centrales de discusión en la próxima reunión del Consejo Federal de Educación, prevista para el 29 o 30 de octubre.
Además de la preocupación por el financiamiento de las universidades, López Silva destacó que el presupuesto nacional destinado a la educación en su conjunto también ha sufrido recortes significativos. Recordó que el porcentaje del PBI asignado a la educación ha bajado del 6% al 4%, afectando no solo a las universidades, sino también a otros niveles del sistema educativo. “Las obras de infraestructura ya realizadas tienen un presupuesto de mantenimiento de apenas el 0,7%, cuando se necesitaría al menos un 4% para garantizar su conservación”, detalló el ministro. Según su análisis, este presupuesto “a la baja” pone en riesgo la construcción de nuevos establecimientos y el mantenimiento de los ya existentes, lo cual repercute directamente en la calidad educativa.
El impacto de estas políticas no solo afecta a las instituciones educativas, sino también a los estudiantes y sus familias. Según López Silva, en el último tiempo ha habido un aumento de la migración de estudiantes desde las escuelas privadas hacia las públicas, debido a las dificultades económicas para afrontar las cuotas en el contexto inflacionario actual. “Las escuelas privadas han intentado acompañar a las familias con problemas para pagar la cuota, pero aun así hemos recibido a muchos estudiantes en la escuela pública, que por suerte ha podido absorber esta demanda sin mayores inconvenientes”, explicó. Esta migración también ha sido observada en el sistema de salud, con un aumento de personas que pasan de la cobertura privada a la pública.
La situación con respecto a las universidades no es la única preocupación que enfrenta el sistema educativo provincial. López Silva mencionó el reciente conflicto con una cooperativa que brindaba servicios de limpieza en Ushuaia. La cooperativa solicitó un aumento en el valor de la hora de trabajo que la provincia no estaba en condiciones de asumir, lo que llevó a la suspensión del servicio. “Nosotros comprendemos que tienen derecho a plantear sus demandas, pero ante su negativa a continuar, tuvimos que buscar una solución alternativa”, señaló. Finalmente, otra cooperativa tomó la responsabilidad de los servicios de limpieza, normalizando la situación.
En este contexto, el debate sobre el financiamiento universitario y el papel de las provincias en la gestión de estas instituciones promete ser un tema caliente en la agenda educativa de las próximas semanas. Con la proximidad de la reunión del Consejo Federal de Educación, los ministros de las diferentes provincias buscarán definir una postura conjunta y consensuada ante una posible reconfiguración del sistema universitario argentino. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el futuro de la educación superior y el acceso igualitario a la misma sigue siendo una de las principales preocupaciones para las autoridades provinciales y la comunidad educativa en su conjunto.
