El presidente del Colegio de Abogados de detención de diez militares, mientras Tierra del Fuego se prepara para implementar el sistema acusatorio en diciembre, un cambio que marca un antes y un después en la justicia federal.
La fiscalía federal ha solicitado la detención de diez militares acusados de torturar a soldados durante la guerra de Malvinas. Entre los implicados figuran Diego Soria, Ricardo Cordón, Clemente Pécora, Jorge Echevarría, Jorge Chahut, Carlos López Patterson, Jorge Farinera, Alejandro Magoiti, Orlando González y Rafael Barrientos. El pedido de captura, realizado en las últimas horas, apunta a llevar ante la justicia a los responsables del abuso de poder.
Además se conoció que el próximo 2 de diciembre en Tierra del Fuego debutará el sistema procesal acusatorio. Este cambio, que ha sido precedido por jornadas de formación tanto para fiscales como abogados, promete agilizar los procesos judiciales federales. Así lo confirmó Renán Uribe, presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Río Grande, en declaraciones a FM La Isla. Uribe explicó que este sistema busca que las pruebas se presenten de manera más rápida y eficiente, con un rol menos activo del juez.
“Es algo novedoso que tendremos que adaptarnos”, expresó Uribe. Agrega que este cambio requiere que tanto fiscales como abogados desarrollen nuevas habilidades para ajustarse a la rapidez y transparencia que el sistema acusatorio.
Comparaciones con el juicio por jurado
Aunque el juicio por jurado y el sistema acusatorio comparten algunos principios, como la importancia del desarrollo probatorio por las partes, Uribe aclaró que son diferentes. En el juicio por jurado, un grupo de ciudadanos toma la decisión final sobre la culpabilidad del acusado, mientras que en el sistema acusatorio, las partes —fiscalía y defensa— son las que llevan el caso adelante, con el juez.
El presidente del Colegio de Abogados también destacó que uno de los principales beneficios del nuevo sistema será la aceleración de los procesos. Esto podría reducir las “chicanas jurídicas” que a menudo ralentizan los casos, aunque Uribe enfatizó que las estrategias de defensa seguirán siendo las mismas, y los abogados deberán seguir muy de cerca cada proceso.
El debate sobre el divorcio exprés
En otro punto, Uribe abordó la polémica en torno al proyecto de ley que busca simplificar el trámite de divorcio en sede administrativa, iniciativa que ha generado un fuerte rechazo en algunos sectores legales. Uribe recordó que el Colegio de Abogados de Río Grande ya había tomado una postura negativa respecto a esta reforma cuando fue presentada en 2023. Entre los puntos críticos, destacó que este tipo de divorcio no garantiza la asesoría legal adecuada ni aborda aspectos esenciales como la división de bienes y la protección de menores.
“Lo que preocupa es la inseguridad jurídica”, afirmó Uribe. A su juicio, el rápido trámite y sin control judicial deja a las partes vulnerables, especialmente en casos de violencia o desigualdad económica.
Eliminación del registro de abogados de ANSES
Finalmente, Uribe se refirió a la reciente propuesta de eliminar el registro de abogados de ANSES, lo que permitiría a cualquier abogado gestionar trámites jubilatorios sin necesidad de inscripción previa. Aunque Uribe consideró que eliminar el registro es positivo en términos de permitir la libre competencia de los abogados, advirtió que los gestores no profesionales deberán ser controlados para evitar irregularidades.
Este conjunto de cambios plantea un escenario de profundas transformaciones en la justicia y el ámbito legal, donde los operadores jurídicos deberán adaptarse rápidamente a los tiempos que venideros.
