El presidente cuestiona el uso de recursos públicos para seguridad de la exprimera dama
El presidente Javier Milei instó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a presentar un informe judicial relacionado con la custodia que el Estado proporciona a Fabiola Yáñez, la exprimera dama de la Nación. A través de su cuenta de Twitter, Milei declaró: “Le pedí a la Ministra de Seguridad que eleve un informe a la justicia sobre el sinsentido de mantener una custodia a la ex primera dama y expareja del expresidente”.
En el mismo mensaje, el mandatario ultraliberal expresó su confianza en que la Justicia avalará su solicitud, enfatizando que los impuestos deben destinarse a “mejorar la vida de la población” y no a “privilegios de quienes no actuaron con austeridad en sus cargos”.
Minutos después, en lo que pareciera una respuesta coordinada, la ministra Bullrich replicó en la misma red social: “Presidente: ya hago el informe de manera inmediata y se lo elevo a la Justicia”.
La Cena de Fabiola Yáñez
Este pedido presidencial ocurre en un contexto mediático marcado por la difusión de un video que mostró a Fabiola Yáñez celebrando la llegada de 2025 en un restaurante de Madrid. En las imágenes, Yáñez aparece acompañada por un hombre y una mujer, disfrutando de una cena en “La Única Madrid”, un exclusivo establecimiento gastronómico.
El Origen de la Custodia Estatal
La seguridad de Yáñez fue ordenada por la Justicia tras una denuncia por violencia de género contra su expareja, el expresidente Alberto Fernández. Desde agosto de 2024, el Estado asigna efectivos de la Policía Federal para garantizar su protección en Madrid, donde reside tras su separación.
Todos los costos asociados a esta medida, incluidos los viáticos de los agentes encargados, son cubiertos con fondos estatales, conforme a lo estipulado judicialmente.
Detalles de la Causa Judicial
La causa que dio lugar a esta medida comenzó en junio de 2024, cuando un peritaje sobre el teléfono de María Cantero, secretaria de Fernández, reveló mensajes en los que Yáñez narraba episodios de violencia de género. Esto motivó al juez Julián Ercolini a abrir un expediente reservado, derivándolo a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema.
En un primer momento, Yáñez optó por no realizar una denuncia penal, lo que llevó al archivo temporal del caso. Sin embargo, tras la filtración de su declaración en una reunión virtual con el juez, decidió formalizar la denuncia contra Fernández, describiendo “hechos graves” que habrían ocurrido durante su convivencia en la Quinta de Olivos. Entre sus afirmaciones, destacó haber sufrido “terrorismo psicológico”.
Ante estos hechos, el juez Ercolini dispuso medidas cautelares, incluyendo una orden de restricción que impide a Fernández acercarse a Yáñez a menos de 500 metros y cualquier tipo de contacto con ella. Además, se prohibió al expresidente salir del país mientras continúa la investigación.
Debate por el Uso de Recursos Estatales
La decisión de Milei de cuestionar la custodia estatal refleja su postura de reducir el gasto público en privilegios que considera innecesarios. Mientras tanto, el caso de Yáñez sigue generando un amplio debate público, tanto por los aspectos legales como por las implicancias éticas del uso de recursos del Estado en situaciones privadas.
