Tal como había anticipado, el presidente de la Nación, Javier Milei, vetó en su totalidad el proyecto de movilidad jubilatoria sancionado por la Cámara Alta del Congreso, que incluía mejoras en la fórmula de cálculo de los haberes jubilatorios. El decreto 782/2024, que oficializa el veto, fue publicado este lunes en el Boletín Oficial.
Fiel a su palabra, el presidente Javier Milei vetó por completo el proyecto de movilidad jubilatoria que había sido aprobado por el Senado del Congreso Nacional. Este proyecto proponía, entre otras cuestiones, una mejora en la fórmula para calcular los ingresos de los jubilados. El veto se formalizó a través del decreto 782/2024, el cual fue publicado en el Boletín Oficial este lunes.
Tras la sanción del proyecto en la Cámara Alta, Milei decidió vetarlo en su totalidad. El decreto —firmado el viernes por la noche— se hizo público a primera hora del lunes, oficializando la decisión. A la par, el Ejecutivo confirmó el pago de un bono adicional de 70 mil pesos para los jubilados dentro del esquema de actualizaciones vigente. Sin embargo, aún no se ha definido un aumento adicional que rondaría el 8%.
En los fundamentos del veto, el Gobierno argumenta que “el proyecto de ley aprobado por el Congreso de la Nación es claramente incompatible con el marco legal vigente, dado que no tiene en cuenta el impacto fiscal ni establece la fuente de financiamiento”. Este fue el principal argumento sostenido por el Ejecutivo desde que se sancionó la ley. También señalaron que el proyecto “presenta serias deficiencias técnicas y operativas que evidencian su irracionalidad y las dificultades significativas para su implementación”.
Entre los motivos que llevaron al Ejecutivo a rechazar la ley sancionada por el Senado hace 10 días, se destaca que su aplicación “supondría un gasto adicional para el Estado Nacional de aproximadamente $6.160.000.000.000 para el año 2024 y de $15.430.000.000.000 para el 2025”. Además, instaron al Poder Legislativo a “actuar con prudencia institucional y responsabilidad, evitando aprobar disposiciones que perjudiquen las finanzas públicas o que sean incompatibles con las proyecciones presupuestarias”.
El decreto también sostiene que cumplir con la ley sancionada por el Congreso “pondría en serio riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina”, ya que se necesitaría obtener una fuente extraordinaria de financiamiento, sea mediante deuda pública o aumento de impuestos. Por lo tanto, “la gestión de los recursos públicos debe llevarse a cabo de manera responsable, alineada con los principios de buena administración, para garantizar el bienestar común que debe orientar toda política gubernamental”, afirmaron.
El proyecto de movilidad jubilatoria fue sancionado en el Senado con más de dos tercios de los votos, respetando el texto aprobado previamente por la Cámara de Diputados en junio, a pesar de los intentos de La Libertad Avanza de modificar el texto y retrasar su aprobación.
