El Dr. Martín Luft habló sobre el proyecto de ley del gobierno nacional que propone realizar divorcios en sede administrativa sin intervención judicial ni letrada. Expone las posibles implicaciones de esta iniciativa, subrayando los riesgos y desafíos que podrían enfrentar las partes al prescindir del asesoramiento de abogados.
El gobierno nacional ha propuesto un proyecto de ley que permitiría a las parejas divorciarse directamente en el registro civil, sin necesidad de la intervención de un abogado o de un juez. Según este planteo, las parejas podrían acudir a divorciarse por su cuenta, siempre que el proceso no implique conflictos, división de bienes o situaciones complejas, como la cuestión alimentaria de los hijos. Sin embargo, el Dr. Martín Luft, un especialista en la materia, advierte que esta modalidad presenta serios desafíos que podrían afectar la protección de los derechos de las partes involucradas.
El proyecto de ley justifica su propuesta bajo la premisa de que el divorcio se llevaría a cabo ante el mismo funcionario que ofició la unión matrimonial, lo cual sería, según sus impulsores, una forma de simplificar el trámite y reducir costos. Sin embargo, esta iniciativa ha generado un rechazo considerable de parte de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y de otras entidades similares, que cuestionan la ausencia de asesoramiento legal durante el proceso. Luft explicó que uno de los riesgos más grandes de esta modalidad es la posibilidad de que una o ambas partes renuncien involuntariamente a derechos importantes por desconocimiento, lo que podría tener consecuencias graves a largo plazo.
Un ejemplo de este riesgo, según Luft, es la pérdida del derecho a solicitar una compensación económica por parte de quien haya visto afectada su situación económica debido a la relación matrimonial. El Código Civil y Comercial argentino establece un plazo de dos años para que esta compensación pueda ser solicitada, pero sin el consejo de un abogado, muchas personas podrían desconocer este derecho y perder la oportunidad de ejercerlo. “Hacer el divorcio mediante una declaración jurada en sede administrativa podría llevar a que uno de los cónyuges quede en una situación de vulnerabilidad económica sin saber que tenía opciones para defenderse”, afirma el abogado.
Otro de los puntos críticos que Luft subraya es la determinación de la fecha de separación y sus efectos sobre la división de bienes. En un divorcio tramitado en el ámbito judicial, es posible establecer una fecha retroactiva para la separación, lo que influye directamente en la calificación de los bienes como gananciales o propios. Esto significa que los bienes adquiridos después de la separación, pero antes del divorcio formal, pueden ser considerados parte del patrimonio personal de cada cónyuge. Sin embargo, el proyecto de ley plantea que, en un divorcio administrativo, la fecha de separación sería la del día en que se realiza el trámite, lo que podría perjudicar a una de las partes si no cuenta con la orientación adecuada sobre sus derechos y deberes.
En su análisis, Luft también destacó que los divorcios, incluso aquellos que inician de manera amistosa, pueden complicarse en el transcurso del proceso. Muchas veces, aunque las partes lleguen a un acuerdo inicial, surgen desacuerdos inesperados que pueden afectar el entendimiento alcanzado. En esos momentos, la presencia de abogados resulta crucial para garantizar que los derechos de cada parte estén debidamente resguardados y que las decisiones tomadas sean plenamente informadas. “La intervención de un abogado no solo aporta claridad, sino que también previene conflictos futuros que, de otro modo, podrían llegar a ser más difíciles de resolver”, agrega.
Además de las cuestiones prácticas, el abogado señaló la tendencia a adoptar modelos legislativos de otros países sin un análisis profundo de su contexto. Menciona que, aunque en algunas naciones existen sistemas de divorcio administrativo, esto no siempre implica que la implementación sea adecuada para la realidad argentina. Luft criticó la falta de un estudio sociológico que evalúe si las condiciones locales son comparables con las de los lugares de origen de estas normas. Para él, la clave está en reconocer que cada sistema legal es un conjunto de normas interrelacionadas y que la adaptación de una ley específica, como la del divorcio exprés, puede generar más problemas que soluciones si no se hace de forma integral.
Por otro lado, Luft señala que una de las motivaciones del gobierno al presentar este proyecto podría estar relacionada con la intención de hacer más accesible y menos costoso el proceso de divorcio para la población. Sin embargo, advierte que esta simplificación podría sacrificar la protección de derechos fundamentales en un contexto donde el Estado reduce su intervención, al tiempo que sostuvo que es necesario garantizar que las personas conozcan plenamente las consecuencias de sus decisiones, algo que, en su opinión, no se logra con la eliminación de la figura del abogado en el proceso de divorcio.
En cuanto a la viabilidad del proyecto, Luft expresa sus dudas sobre su aprobación final. “Este proyecto tiene un descuido significativo en cuestiones fundamentales. Sin incorporar modificaciones que resguarden mejor a las partes, podría quedar estancado o enfrentarse a la nulidad en su aplicación práctica”, opina. A su juicio, la falta de garantías y de mecanismos de protección adecuados para los cónyuges podría ser un factor determinante para que el proyecto no prospere.
A pesar de sus críticas, el abogado reconoce que la iniciativa podría ser útil en aquellos casos en los que las parejas no tienen bienes comunes ni hijos en común, y donde el acuerdo es mutuo y claro desde el principio. Sin embargo, sostiene que estos casos son la excepción más que la norma. En la práctica, dice, la mayoría de los divorcios que llegan a los juzgados requieren de la intervención de profesionales para garantizar un proceso justo y equilibrado.
En resumen, el Dr. Martín Luft considera que el proyecto de ley para implementar divorcios en sede administrativa presenta importantes desafíos que podrían poner en riesgo la equidad y la protección de los derechos de las partes. Si bien la intención de agilizar el proceso y reducir costos es válida, subraya que no debe hacerse a costa de la seguridad jurídica y de la justicia para quienes atraviesan un momento tan sensible como es la disolución de un matrimonio.
