Tras los comentarios del presidente Javier Milei en Davos sobre las políticas de género, el Gobierno anuncia un proyecto que podría derogar varias leyes de protección a las mujeres, incluyendo la figura penal de feminidio. La iniciativa se enmarca en la “batalla cultural” del oficialismo.
Un proyecto controvertido que desafiaba las normativas de género
Después de las declaraciones del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, donde cuestionó abiertamente las políticas contra la violencia de género y la figura penal del feminidio, el Gobierno de Argentina dio a conocer que trabaja en un proyecto denominado “igualdad ante la ley”. Este proyecto tiene como objetivo revisar y, en algunos casos, derogar leyes aprobadas en las últimas décadas que protegen a las mujeres de la violencia machista y promueven medidas de inclusión de género.
Milei, en su intervención en Davos, dejó claro su rechazo a lo que denominó “feminismo radical”. En su discurso, sostuvo que conceptos como el de feminidio no son más que una distorsión de la igualdad, argumentando que existen leyes que “legalizan que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”. Además, criticó la penalización más grave de los homicidios de mujeres frente a los de los hombres, sin explicar los motivos históricos y sociales detrás de esta distinción legal, que busca visibilizar y castigar la violencia de género.
El feminidio en Argentina: una figura legal clave
Es importante destacar que el feminidio en Argentina se refiere exclusivamente a los asesinatos de mujeres motivados por razones de género, en su mayoría ocurridos dentro de contextos de violencia doméstica o de pareja. Esta figura fue incorporada al Código Penal en diciembre de 2012, a través de la ley 26.79, una norma que fue aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional. El concepto fue creado para tipificar y castigar de manera más severa los crímenes de mujeres cuando estos se dan en un marco de desigualdad y discriminación de género.
En este contexto, el Gobierno de Milei ha manifestado su intención de revisar esta ley, junto con la ley de identidad de género que también fue sancionada en 2012. Además, el proyecto de “Igualdad ante la ley” contemplaría modificaciones a otras normativas, como la ley Micaela, que obliga a los funcionarios públicos a recibir capacitación sobre cuestiones de diversidad y violencia de género.
Medidas de discriminación positiva bajo cuestionamiento
Uno de los aspectos más polémicos del proyecto es la propuesta de eliminar las leyes de discriminación positiva. Estas leyes aseguran que las mujeres tengan un porcentaje determinado de representación en ámbitos como la política y el empleo público. En particular, se busca derogar el cupo del 50% de mujeres en las listas electorales y el establecimiento de cuotas en el acceso a cargos públicos. Argentina ha sido pionera en la implementación de estas medidas, que buscan equilibrar la representación de las mujeres en sectores históricamente dominados por varones.
La propuesta también incluye la eliminación de cupos para personas transgénero y personas con discapacidad en ciertos sectores, lo que ha generado una fuerte polémica entre sectores progresistas y defensores de los derechos humanos.
La “batalla cultural” de la ultraderecha
El proyecto de “Igualdad ante la ley” forma parte de lo que el oficialismo denomina la “batalla cultural”, un movimiento que busca avanzar sobre los logros obtenidos en materia de derechos humanos y feminismo en las últimas décadas. Esta ideología ultraconservadora se alinea con las tendencias de la extrema derecha que se están manifestando en diferentes partes del mundo, particularmente en Europa y América Latina.
A pesar de las críticas, el Gobierno sigue adelante con la redacción de la iniciativa, que está bajo la dirección del asesor presidencial Santiago Caputo, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy. Sin embargo, a pesar del impulso oficial, es muy poco probable que el proyecto obtenga el respaldo necesario en el Congreso de la Nación, donde las leyes de género cuentan con un fuerte apoyo de diferentes sectores políticos y sociales.
Conclusión
La propuesta de modificación de leyes clave de protección a las mujeres y de promoción de la igualdad de género genera un profundo debate en la sociedad argentina. Mientras que el Gobierno insiste en su propuesta de “igualdad ante la ley”, los sectores feministas y progresistas rechazan rotundamente las medidas que se perfilan como un retroceso en los avances obtenidos en derechos de género. El futuro del proyecto dependerá del debate legislativo y de la respuesta que surja desde la sociedad civil.
