Tres años y medio después de su huida a Uruguay, el ex asesor judicial de Mauricio Macri regresa a la Argentina sin ser detenido, tras una serie de maniobras legales que le permitieron eludir la prisión.
Después de más de tres años de evasión, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, ex asesor judicial cercano a Mauricio Macri, regresó a la Argentina este miércoles, tras haberse fugado a Uruguay en 2020, cuando era inminente su citación para declarar en un caso de asociación ilícita relacionada con la persecución a opositores políticos durante el gobierno de Cambiemos. Lo que parecía un regreso inevitable para rendir cuentas ante la justicia, terminó siendo una nueva demostración de la impunidad judicial que permite que un prófugo regrese al país sin ser detenido.
Rodríguez Simón, vestido con traje y gafas oscuras, se presentó ante los tribunales de Comodoro Py, donde solo pasó 15 minutos realizando trámites administrativos para entregar su pasaporte, sin ser detenido, a pesar de los cargos que pesan sobre él. La garantía presentada por sus abogados no consistió en un pago directo, sino en una hipoteca sobre la propiedad del exjefe de asesores de Macri, José Torelló. De esta manera, la propiedad de Torelló quedó como aval, pero sin mayores restricciones para Rodríguez Simón.
El exfuncionario, que hasta su fuga tenía un rol clave en lo que se conoce como la “mesa judicial” del macrismo, se encontraba bajo sospecha de haber sido uno de los principales orquestadores de la persecución política a empresarios y opositores, como parte de una estrategia judicial diseñada para perjudicar a la expresidenta Cristina Kirchner y a otros miembros del kirchnerismo. La denuncia más notable fue la de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo, quienes aseguraron haber sido extorsionados para que sus medios de comunicación, como el canal C5N, apoyaran al gobierno de Mauricio Macri.
La mesa judicial que integraban Rodríguez Simón, Torello y Macri, entre otros, está acusada de coordinar el uso de la justicia como una herramienta para la persecución política, utilizando organismos como la AFIP, Vialidad Nacional, el Servicio Penitenciario y las fuerzas de seguridad para Presionar a empresarios, periodistas y opositores. Rodríguez Simón, quien no ocupaba un cargo oficial en el Ejecutivo, se convirtió en el principal operador de esta estrategia, coordinando acciones que afectaron gravemente la libertad de varios actores políticos y económicos.
El caso de los dueños de Indalo, López y De Sousa, es un ejemplo claro de la ofensiva que se desplegó contra aquellos que no se alineaban con los intereses del gobierno. Según las declaraciones de los empresarios, la persecución comenzó después de que se negaran a cumplir con la exigencia de Macri de utilizar sus medios para atacar al kirchnerismo. La situación se agravó con el remate de bienes a precios de saldo y las presiones para que aceptaran ofertas de compra de sus activos por parte de empresarios cercanos al oficialismo.
La jueza María Servini fue la encargada de citar a Rodríguez Simón en 2018, en el marco de una causa por asociación ilícita, extorsión y abuso de poder. Sin embargo, antes de comparar ante la justicia, Rodríguez Simón emprendió la fuga. En su huida, se dirigió a Uruguay, donde, a pesar de varios intentos por parte de la justicia argentina para extraditarlo, el proceso se dilató durante tres años. Durante ese tiempo, el gobierno de Luis Lacalle Pou, estrechamente alineado con el expresidente Macri, no mostró interés en acelerar los trámites de extradición, lo que permitió que el prófugo viviera sin mayores inconvenientes en Punta del Este.
Su regreso al país, después de un cambio de gobierno y con Javier Milei en la Casa Rosada, se da en un contexto de nuevas expectativas sobre su futuro judicial. A pesar de que la justicia argentina había emitido varias órdenes de detención en su contra, Rodríguez Simón se benefició de un sistema judicial que le permitió regresar a su país sin ser encarcelado. La Cámara Federal, en un fallo sorpresivo, concedió la exención de prisión, lo que desató la crítica de sectores de la oposición, que acusaron de “doble estándar” la aplicación de la ley en casos de figuras vinculadas al PRO.
El regreso de Rodríguez Simón también coincide con la discusión sobre el proyecto de ley de “Ficha Limpia”, que busca impedir que quienes tengan causas judiciales abiertas por corrupción o violaciones a los derechos humanos puedan presentarse a cargos públicos. La llegada de Rodríguez Simón al país, tras haber estado prófugo, se presentó como una ironía, ya que al mismo tiempo se pretendía avanzar con esta ley para excluir a figuras como Cristina Kirchner, quien siempre estuvo a derecho.
La situación legal de Rodríguez Simón parece estar lejos de resolverse. Tras su llegada a la Argentina, el siguiente paso sería su indagatoria por los delitos que se le imputan. Sin embargo, el expediente judicial que se encuentra bajo revisión en la Corte Suprema desde principios de 2023 aún no ha sido devuelto a Servini, lo que impide que la investigación avance. La falta de celeridad en el proceso judicial ha generado preocupación entre los abogados de los empresarios de Indalo, quienes han solicitado reiteradamente que la Corte entregue el expediente para continuar con las indagatorias.
Mientras tanto, Rodríguez Simón continúa moviéndose con libertad, a pesar de las graves acusaciones en su contra. La decisión de la Corte Suprema de frenar la investigación, sumada a los fallos favorables de la Cámara Federal, deja en evidencia un sistema judicial que sigue permitiendo que figuras vinculadas al poder político eludan las consecuencias de sus actos. En un clima de creciente desconfianza hacia las instituciones judiciales, la causa de Fabián Rodríguez Simón sigue siendo un ejemplo más de la impunidad que prevalece en ciertos sectores del poder.
Este caso plantea una vez más la pregunta sobre la imparcialidad de la justicia argentina y el tratamiento desigual que reciben ciertos acusados dependiendo de su vínculo con el poder político. Mientras tanto, Rodríguez Simón, como en sus mejores tiempos, sigue paseándose tranquilo por los pasillos judiciales, sin que nadie lo detenga.
