Lo hizo el vicejefe de gabinete, Jorge Canals, luego de la reunión de la comisión de seguridad de la legislatura de la Provincia. 30 corresponden al anexo IV de Ushuaia y 70 al anexo II de Río Grande. “Estamos buscando soluciones a una problemática que como provincia nos hacemos cargo”, dijo.
El vicejefe de gabinete de la Provincia, Jorge Canals, comentó su participación en la reunión de comisión de seguridad de la legislatura, ayer por la tarde, donde se trabajó el proyecto presentado por el legislador del MPF Pablo Villegas para declarar la emergencia penitenciaria, tras la presentación de una hábeas corpus de internos por las condiciones edilicias en la alcaldía de Ushuaia.
En ese sentido, Canals señaló que venían manteniendo dialogo tanto con la Legislatura como con el Poder Judicial, “tratando de buscar herramientas, de buscar soluciones a una problemática que como provincia nos hacemos cargo, nos hacemos responsables y somos conscientes de que hay una situación, producto de una infinidad de variables, porque no es una sola situación, hay un crecimiento que se está dado con la población carcelaria, propio del endurecimiento de penas, propio de diferentes criterios que se van a tomando. A medida que como sociedad vas avanzando se van tomando diferentes determinaciones”, dijo y destacó el crecimiento de los casos de abuso sexual que llegan a la justicia, así como la incidencia de los delitos relacionados con relaciones intrafamiliares. También consideró que la justicia fueguina ha tomado por criterio ordenar la detención de los imputados apenas finalizado el juicio, factores que en conjunto han contribuido a un exceso de internos en relación con la infraestructura que posee el Servicio Penitenciario Provincial.
Canals también incluyó la incidencia del alojamiento de internos federales (generalmente imputados por infracciones a la ley de estupefacientes) que ronda un 10% de los internos y llamó a considerar que la única unidad de detención de la Provincia es la Nº1 de Río Grande, mientras que en Ushuaia hay una alcaldía que está superpoblada.
En la misma línea, sostuvo que es una problemática general tanto para la Nación -que actualmente cuenta con una declaración de emergencia vigente hace más de 5 años- como para algunos países limítrofes. “A eso hay que sumarle una realidad, todos los vecinos de Tierra del Fuego, de la Argentina, del mundo, quieren tener seguridad, pero a nadie le gusta tener en el patio de la casa una cárcel y eso genera una situación conflictiva”, apuntó.
El funcionario aseguró que la policía provincial de Tierra del Fuego es una de las que tiene la mejor imagen positiva en que el país y afirmó que tenemos una justicia que trabaja con celeridad, “no tenés procesados de 3, 4 o 5 años”, expresó, al tiempo que anunció que a corto plazo se pondrá a disposición del SPP el anexo IV, “que va a descomprimir en 30 lugares en lo que es la alcaldía”, a lo que sumó que “en lo que tiene que ver con el complejo de la ciudad de Río Grande, hay un proyecto que estamos llevando adelante que va a poder descomprimir 70 lugares más”.
“Con eso nosotros tendríamos garantizados tranquilamente los próximos 12, 15 0 18 meses, de esta realidad, esto nos va a permitir oxigenarnos para poder llevar adelante una acción que tenga que ver más con el largo plazo”, explicó, al tiempo que señaló que se viene trabajando en conjunto con Nación y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para impelmentar el uso de cárceles modulares.
Canals destacó la iniciática del legislador Pablo Villegas (MPF) para abordar este tema que “no es un tema simpático”, expresó y también el trabajo del legislador Raúl Von der Thusen que aportó su experiencia al frente del Servicio Penitenciario Provincial durante la reunion de comisión.
En ese orden de cosas, no descartó la posibilidad de que se implementen proyectos con participación de privados, aunque sí lo hizo respecto a la implementación de cárceles privadas. “No es una experiencia que sea aceptada, no por lo menos para la idiosincrasia de nuestro país, no ha funcionado en ningún lugar de Latinoamérica”, dijo, a lo que sumó que la modalidad está en retracción en países de Europa y en Estado Unidos.
Hoy Tierra del Fuego tiene 348 reclusos, de los cuales 24 están con prisión domiciliaria con tobillera electrónica y 21 son delincuentes federales. Sobre eso, el viceministro señaló que están trabajando con Nación para regularizar el aporte por el sostenimiento de esos presos, ya que hoy están enviando la irrisoria suma de $175 por mes por cada uno.
Finalmente, se refirió a los salarios de la policía y señaló que “hay una decisión del gobernador de la Provincia muy clara que tiene que ver con seguir acompañando y sosteniendo lo que tiene que ver con los salarios de todo el Estado Provincial, la seguridad, la salud, la educación… esta es una política de Estado del Gobierno desde el momento cero que se asumió en 2019, y lo estamos continuando, obviamente hoy por hoy es muy complejo seguir e ir acompañando la curva inflacionaria” y agregó “seguimos trabajando y buscando herramientas que nos permitan mejorar el salario, sobre todo de aquellos que tienen menos ingresos. La verdad es que se hace difícil, se hace complejo porque de un lado vos tenés que seguir incrementando los salarios y del otro tenés una baja considerable en lo que tiene que ver con recursos de coparticipación”.
