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Coparticipación: “Lo que estamos viendo es que no quieren tener diálogo”

Miércoles, 08 Julio 2020 11:11

La legisladora del Frente de Todos se refirió al conflicto por los atrasos del Gobierno en la remisión de fondos de coparticipación. Además, hablo sobre legalizar el consumo de aceite de Cannabis.

En declaraciones a FM La Isla, la legisladora por el Frente de Todos, Miriam Martínez, se refirió al conflicto entre el Gobierno de la provincia y los intendentes por el atraso en la remisión de los fondos de coparticipación, acusó la falta de diálogo del Gobierno y dijo que los municipios no tuvieron otra alternativa que judicializar el tema.

  “Me parece una decisión más que importante la que tomaron los municipios ante el incumplimiento del Gobierno de la Provincia; Lo que están pidiendo los intendentes es que se cumpla lo que se homologó en la justicia en el 2009 y también la resolución 665 del Ministerio de Economía que establece y regula los mecanismos de envío de estos recursos”, dijo la legisladora y agregó, “No hay otra manera de reclamar sino es mediante esta vía, donde ellos han agotado las instancias administrativas y el diálogo con los responsables del ejecutivo provincial para que les puedan enviar los fondos en tiempo y en forma”.

  Martínez recordó que el Gobierno Nacional coparticipa diariamente al Gobierno de la Provincia lo que le corresponde por coparticipación federal y regalías hidocarburíferas y sostuvo que los municipios pueden (a través de una web) “ver cuánto dinero está recibiendo la provincia en materia de coparticipación federal, ahora, si  la provincia está recibiendo el dinero en tiempo y en forma por qué no le envía  a las municipalidades lo que les corresponde”, cuestionó.

  “Nosotros entendemos que la Provincia necesita los recursos que estamos en una situación muy complicada pero también lo están las municipalidades que necesitan cumplir con su programa de Gobierno y están teniendo una demanda extra por la pandemia”, enfatizó.

  Luego, dijo que “con el diálogo todo se tendría que solucionar” pero “acá tenemos este problema, no se puede dialogar con alguien que no quiere acordar y que no escucha, este es el tema fundamental; entonces a los intendentes no les queda otra alternativa que judicializar; tal cual lo hizo el Gobernador Gustavo Melella cuando fue intendente de la ciudad de Río Grande”.

  Martínez se mantuvo dura en su crítica al Gobernador y señaló que hay enormes contradicciones entre lo mentado por el primer mandatario y las decisiones que toma. En tal sentido, recordó que el 1 de  marzo, durante la apertura de sesiones de la legislatura, dijo que cada 30 días como máximo el dinero de la coparticipación iba a estar en los municipios, “que no íbamos a tener que reclamar”, fustigó Martínez y agregó, “también dijo que los ATN´s iban a ser coparticipables y no que iban a saldar deudas que se mantenían, que es lo que hicieron prima facie, cuando quisiste charlar de otras circunstancias salieron por la tangente”; “Estamos hablando de más de 450 millones de pesos que son de los vecinos”.

Seguidamente, la legisladora expresó, “Espero que la justicia resuelva rápidamente para que dé una vez por todas el Gobierno de la Provincia tome conciencia de que tiene que enviar los fondos en tiempo y en forma, que no puede utilizarlos, que nosotros entendemos y sabemos que necesita de los recursos, pero no puede utilizar los recursos que no le corresponden”.

   En tal sentido, dijo que “la voluntad política de los intendentes de poder hablar con el gobierno siempre está, pero lamentablemente lo que estamos viendo es que no quieren tener diálogo, ellos quieren gobernar ellos, tomar las decisiones ellos y dejar excluidos a los tres intendentes de nuestra provincia” y pidió que se observe el tratamiento de las leyes, haciendo alusión a los defectos de forma y contenido que padecieron  los proyectos del ejecutivo presentados hasta ahora, (ley de emergencia y creación de Terra Ignis SAU).

  “cuando vos decís bueno, este proyecto ¿lo trabajaste con el tribunal de cuentas, le consultaste al fiscal de estado? nada, ellos solos se largaron y lo tiraron arriba de la mesa”, ilustró.

 Martínez, fue contundente al decir que “no quieren que vayan los intendentes a la legislatura” y agregó “es muy difícil poder construir desde ese lugar; se tendrán que hacer cargo de las decisiones que tomen, no nos pueden incluir a nosotros”.

“hay muchos compromisos y muchas cuestiones que el Gobierno provincial asumió y no está cumpliendo muchas amparadas en el tema de la pandemia”, dijo.

Por otra parte, se refirió a la aplicación de la ley de emergencia denominada PROG.E.S.O sobre lo que señaló que “el ejecutivo tiene la obligación no solamente de mantener un política clara en estos temas sino  llevar adelante y cumplir con esta herramienta, nosotros lo que vamos a hacer es controlar que se cumpla y ver de qué manera ellos están aplicando todos estos recursos que les hemos dado”.

Además, subrayó que sobre la asistencia financiera nacional, que asciende a 3 mil millones de pesos, no tienen ninguna noticia.

En otro orden de ideas, Martínez habló sobre la presentación de un proyecto de ley para el uso medicinal del Cannabis.

En tal sentido, comentó que “habíamos trabajado con respecto a la ley nacional – ley 27350 que se sanciono en marzo del  2017- que atiende la necesidad de poder suministrar este medicamento a muchas personas que lo necesitan y que hace muchos años vienen luchando para poder acceder”.

“Esta ley necesitaba que se trabaje y podamos adherir, pero además de adherir se incorporaron varias cuestiones que hacen a la demanda de las familias sobre el medicamento, entre ellas, incluir varias patologías, ya que la ley nacional prevé solo la epilepsia refractaría”, dijo Martínez y detalló que en el proyecto se incluyen varias patologías como todas las epilepsias, el estrés post traumático, diferentes síndromes, trastornos, enfermedades pocos frecuentes, cáncer, esclerosis múltiple y toda otra condición de salud que la autoridad de aplicación considere pertinente.

Del mismo modo, recordó que la ley 1277 se sancionó por voto unánime en 2018 y el 18 de diciembre de ese año fue vetada parcialmente. “Vetaron tres artículos, la ampliación de patologías, la creación del registro voluntario y la cobertura de la obra social que era el corazón de la ley”, explicó.

“Nosotros realmente queremos ayudar a las familias que necesitan este medicamento y como última alternativa porque ya usaron todos los medicamentos convencionales; tenemos que trabajar en la ley” dijo y agregó, “Lo que nosotros queremos es que se pueda acceder en forma legal, va a haber un registro de profesionales porque no cualquier profesional puede recetar este medicamento, tiene que saber sobre el tema”, culminó.

El proyecto fue girado a la comisión de salud.

 

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